Julio Jiménez Martínez
Es indiscutible que la administración de justicia en México requería una reforma profunda, capaz de prevenir la corrupción, combatir el nepotismo, erradicar el abuso de poder y atender el creciente rezago en la resolución de conflictos.
Las víctimas de la violencia, la corrupción y la inseguridad exigían un cambio de fondo en el quehacer de los juzgadores. Sin embargo, la impunidad suele justificarse bajo el argumento de la falta de recursos materiales, económicos y humanos. Esta situación ha derivado en un rezago histórico, marcado por la omisión y negligencia de servidores públicos que no asumen su responsabilidad constitucional, profesional e institucional. Muchos de ellos excusan su baja productividad en la llamada “curva de aprendizaje”, que en realidad refleja su nula trayectoria jurisdiccional y su inexperiencia como juzgadores, con lo cual intentan evadir su responsabilidad de garantizar el derecho constitucional de acceso a la justicia pronta, gratuita e imparcial.
Por otra parte, los mexicanos hemos sido testigos de cambios históricos en la integración del Poder Judicial, bajo un proceso de elección popular sin precedente. Dicho proceso se caracterizó por una escasa participación ciudadana de apenas un 13%, lo que nos obliga a ser más participativos e informados respecto de las obligaciones asumidas por el nuevo Poder Judicial. Los ciudadanos debemos ser respetuosos de este cambio de paradigma en la administración de justicia, pero también firmes y exigentes en el cumplimiento cabal de las nuevas disposiciones constitucionales.
Cabe recordar que este polémico proceso de elección de jueces y magistrados estuvo marcado por el uso de instrumentos didácticos, conocidos como “acordeones”, que manipularon el sentido del voto popular. El proceso no ha concluido: aún falta una segunda elección, que se llevará a cabo en junio de 2027, para renovar diversos cargos en el Poder Judicial de la Federación, así como jueces y magistrados locales en una decena de estados. Todo ello apunta a consolidar una estrategia diseñada para mantener el control del Poder Judicial, diluyendo el equilibrio constitucional de la división de poderes.
En conclusión, para amplios sectores de la población las reformas constitucionales que dieron origen a los nuevos ministros de la SCJN, jueces y magistrados federales y locales, así como a los nuevos integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, han generado reacciones negativas.
Preocupa que se deje en manos de ciudadanos sin experiencia, sin formación profesional y sin trayectoria jurisdiccional, aunque con ideales democráticos e ideológicos, el futuro de las víctimas del delito, la libertad de los justiciables y la protección de los derechos humanos.
Esta incertidumbre ha provocado desconfianza en la inversión de capital nacional y extranjero, lo que a su vez ha ocasionado la cancelación de proyectos que habrían detonado crecimiento económico, generación de empleos e incremento en la recaudación de impuestos. Tales recursos son indispensables para el desarrollo económico, la estabilidad social y la consolidación de un proyecto de gobierno sólido.
El Dr. Julio Jiménez Martínez es vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados “Foro México”.
