Zósimo Camacho
Irlanda Gabriela Pacheco Torres, flamante jueza federal, solicitó este martes licencia de medio año para separarse del cargo. Tanto que peleó por el puesto –aun y cuando salieron a la luz antecedentes que la hacían probablemente inelegible– para que termine apartándose. Argumenta que debe atender asuntos de su anterior empleo… en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), nada menos que la Dirección General de Evaluación, la oficina equivalente a una contraloría que debió prevenir, investigar y denunciar el escándalo del contrabando de combustible, conocido popularmente como “huachicol fiscal”.
Pacheco Torres llegó a la Judicatura bajo la sombra de la polémica. Resultó triunfadora en el pasado proceso electoral para elegir autoridades judiciales. Obtuvo el cargo de jueza de distrito en materia penal por el Distrito 1 de Iztapalapa. Sin embargo, su triunfo se vio empañado desde la campaña por denuncias públicas sobre su inelegibilidad, basadas en graves señalamientos de corrupción y presuntos vínculos con integrantes del crimen organizado, una acusación que para cualquier aspirante a impartir justicia debería ser insalvable.
Estos señalamientos no son meros rumores, sino que encuentran sustento en antecedentes judiciales concretos. Como se documentó en esta columna, Pacheco Torres fue vinculada a proceso por los delitos de fraude procesal y uso de documentos falsos, ilícitos que atentan directamente contra el corazón de la administración de justicia. De acuerdo con el expediente judicial, del cual Luces del Siglo posee copia, la entonces abogada presentó un documento falso ante un juez para favorecer a un cliente. El caso avanzó: el 15 de marzo de 2024, la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México instruyó su vinculación a proceso, la cual se concretó el día 22. No obstante, el desenlace fue una solución alternativa de justicia, alcanzada en julio de 2024, que le permitió evadir un juicio tradicional a cambio de admitir su culpabilidad, pagar 50 mil pesos como reparación del daño y someterse a una suspensión procesal de seis meses bajo condiciones específicas.
Pero su historial de conflictos éticos no termina ahí. Otra irregularidad, quizás más grave por su contexto actual, fue su papel como abogada defensora de Luis Erick Barajas García, alias el Trompas, identificado como miembro de la organización criminal Unión Tepito. Lo escandaloso del caso radica en que, al mismo tiempo que litigaba en este asunto de alto perfil delictivo, Pacheco Torres ya ocupaba el cargo de directora general de Evaluación en la ANAM. Esta dualidad representa un conflicto de interés flagrante y una violación directa a la ley, que prohíbe a los servidores públicos ejercer como litigantes en casos privados, una norma diseñada precisamente para evitar estos cruces de intereses.
En este contexto, la noticia de que este 9 de septiembre la Secretaría de la Mesa Directiva del Senado recibió una solicitud de la ahora jueza Pacheco Torres para separarse de su cargo sin goce de sueldo hasta el 2 de marzo de 2026, resulta cuanto menos sospechosa. La presidenta de la Mesa, Laura Itzel Castillo Juárez, instruyó remitir la petición a la Comisión de Justicia que preside el senador Javier Corral Jurado. En su solicitud, la jueza electa argumenta que su licencia responde a la necesidad de concluir un “cierre ordenado, transparente y responsable” de sus funciones en la ANAM, cargo que desempeña desde febrero de 2025.
Sin embargo, esta explicación oficial de la jueza choca de frente con la realidad de una tormenta perfecta que se cierne sobre la institución aduanera. El gobierno federal ha identificado una vasta red delincuencial dedicada al contrabando ilegal de combustible desde Estados Unidos, una trama en la que están involucrados, según las investigaciones, integrantes de la Secretaría de Marina, servidores públicos de la propia Agencia Nacional de Aduanas, empresarios de ambos lados de la frontera e, inquietantemente, miembros del Poder Judicial.
Aquí es donde el rol de Pacheco Torres en la ANAM se vuelve crítico y su licencia adquiere un tinte preocupante. De acuerdo con el artículo 33 del Reglamento de la ANAM, la Dirección General de Evaluación que ella dirige tiene como primera competencia recibir y analizar información sobre hechos que puedan ser causa de responsabilidad administrativa o constitutivos de delitos cometidos por los servidores públicos de la Agencia. Es su área la responsable de recopilar pruebas, analizar irregularidades, formular denuncias ante el Ministerio Público y coadyuvar en procesos penales.
En otras palabras, si existía una oficina que debería haber detectado, investigado y denunciado la red de contrabando de combustible en sus inicios, era precisamente la que encabeza Irlanda Gabriela Pacheco Torres.
De aquí se derivan dos primeras preguntas que exigen respuesta: ¿Cómo es posible que la máxima autoridad de evaluación, cuya función es destapar irregularidades, aparentemente nunca se enteró de una operación delictiva de tal magnitud que involucraba a sus propios colegas? ¿Realmente no llegó a su escritorio ninguna queja, ninguna anomalía, ningún indicio?
Ante este panorama, su súbita solicitud de licencia para “cerrar sus labores” en la Aduana y postergar su incorporación a la Judicatura ya no parece un mero trámite administrativo. Surgen más interrogantes legítimas. ¿Esta licencia es una estrategia para eludir una inminente responsabilidad? ¿Prepara su defensa para interponer un recurso de amparo ante acciones de la autoridad relacionadas con el escándalo del contrabando ilegal de combustible? ¿O busca simplemente ganar tiempo lejos de los reflectores que apuntan hacia sus antecedentes?
La sociedad merece claridad. La licencia de una jueza no puede ser un manto de opacidad que oculte la rendición de cuentas. El Senado de la República y la Comisión de Justicia tienen ahora la responsabilidad de investigar los méritos de la solicitud, con todo el contexto que la rodea.
