Por KUKULKÁN
DURANTE las últimas dos sesiones, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se enredaron en una discusión jurídica que parecía más un pulso del poder sobre, si dentro de la Constitución pesa más la transparencia y el derecho a la información, o la privacidad de los funcionarios públicos bajo la coartada de la “seguridad nacional”. Al final, el veredicto fue claro: la Presidencia no puede esconder documentos administrativos comunes como si fueran códigos nucleares. Los 15 oficios que en 2021 firmó el secretario particular del Presidente, relativos a movimientos internos de la Secretaría de Marina, no tienen nada de secretos de Estado. Eso dijo la Corte al confirmar una resolución a favor del extinto INAI.
CON ELLO, el máximo tribunal del país envió un mensaje más grande que los propios papeles: el Ejecutivo no puede usar la “seguridad nacional” como manta mágica para tapar lo incómodo. Porque lo que en realidad se pretendía no era cuidar a la patria, sino blindar a la burocracia del ojo público. Pero lo interesante no es el chiste fácil, sino el peso político de la decisión. La Corte, tantas veces criticada por ser dócil ante el poder presidencial, por fin se dio permiso de recordar que es un Poder de la Unión, no un apéndice.
Y LO HIZO en un momento clave: cuando los militares concentran más funciones que nunca, y cuando el Ejecutivo y el Legislativo confundieron contrapeso con comparsa. El fallo también es un mensaje a las Fuerzas Armadas: sí, tienen nuevas responsabilidades civiles, pero esas responsabilidades también exigen transparencia. No pueden pretender administrar aeropuertos y aduanas con la misma opacidad con la que custodian un arsenal. Lo público, por definición, debe rendir cuentas.
EL PLENO, además, ajustó el lente en tres controversias con la Fiscalía General de la República. En dos, ordenó entregar datos sobre nivel, cargo y salario de servidores públicos: información básica que nunca debió reservarse. En otra, reconoció que sí procede proteger identidades de funcionarios involucrados en procesos judiciales. Es decir, equilibrio. No se trata de desnudarlos hasta el último centavo en la quincena, pero tampoco de permitir que se escondan bajo la frazada de la privacidad cuando lo que está en juego es dinero público.
ESE EQUILIBRIO es, justamente, lo que tanto se echa de menos en la vida pública. Los gobiernos del pasado querían todo reservado; la ciudadanía quiere todo abierto. La Corte, al menos esta vez, recordó que la Constitución habla de transparencia como regla y de reserva como excepción. Y que la seguridad nacional no es un pasaporte VIP para escapar al escrutinio. Así que, mientras el Congreso sigue dedicado al aplauso fácil y a votar al ritmo de la mañanera, los ministros decidieron sacudirse un poco la etiqueta de convidados de piedra.
NO ES UNA rebelión ni un desafío abierto, pero sí una muestra de que todavía hay un espacio donde los contrapesos funcionan. En conclusión: la justicia mexicana, que tantas veces cojeo y otras tantas parecía arrodillada, dio un paso importante hacia la independencia. Y aunque un fallo no hace verano, sí manda la señal de que la Corte puede —cuando hay voluntad— equilibrar la balanza entre poder y ciudadanía. El mensaje es simple y venenoso: los secretos de Estado deben proteger a la nación, no a los funcionarios. Y si a alguien no le gusta, pues que aprenda a vivir sin el disfraz de “seguridad nacional”.
