- La fotografía de Patricio Eleisegui ubica a la perfección un triunfo histórico de pobladores mayas de la comunidad de Xcucul Sur, en el municipio de Umán.
RODOLFO MONTES
UMÁN, YUC.- La fotografía de Patricio Eleisegui ubica a la perfección un triunfo histórico de pobladores mayas de la comunidad de Xcucul Sur, en el municipio de Umán, pues han logrado una victoria crucial en su lucha por la defensa de su territorio.
Un juzgado federal admitió a trámite una demanda de amparo y otorgó una suspensión provisional que ordena el cese inmediato de las actividades en un banco de materiales que opera a menos de 100 metros de sus viviendas.
La denuncia señala la omisión de las autoridades federales y estatales en su deber de proteger el medio ambiente, la salud y la vivienda.
La demanda fue interpuesta contra la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Gobierno del Estado de Yucatán.
La comunidad denunció que la extracción de piedra con detonaciones de dinamita ha causado graves daños estructurales en sus casas y un deterioro alarmante en su entorno natural.
La jueza Mercedes del Sol Hernández Cetina, del Juzgado Tercero de Distrito, admitió la demanda y demostró que la operación de la cantera “podría causar un daño inminente e irreparable a la salud, la vivienda y el medio ambiente sano”.
Con base en las pruebas presentadas, el juzgado determinará que existen indicios de que la operación del banco es ilegal, por lo que ordenó a las autoridades garantizar la suspensión de las actividades mineras.
Este caso, en el que se ha visto involucrada una red compleja de empresas y se denuncia una falta de regulación, no es un hecho aislado.
La minería de materiales pétreos ha crecido de forma acelerada en la región para abastecer a megaproyectos como el Tren Maya y el desarrollo inmobiliario.
Un listado de la Secretaría de Desarrollo Sustentable revela que sólo en el municipio de Umán se han autorizado 12 bancos de materiales, seis de los cuales están ligados a la construcción del Tren Maya.
Las voces de la comunidad maya se han alzado para denunciar la situación. Matilde Dzib Dzul, de Kinchil, denunció la imposición de granjas porcícolas sin su consentimiento.
Diana Can Pat, de San Rafael en Maxcanú, relató la dura realidad de su comunidad: “Debido al agua contaminada, incluso la potable, hay gente que compra agua purificada para bañar a los bebés… el olor de las granjas es tan fuerte que pica la nariz y se impregna en las casas”.
La historia del banco de materiales en Xcucul Sur ilustra un patrón de promesas incumplidas; en 2021, la empresa Proser SA de CV se comprometió a no usar detonaciones, pero esta promesa nunca se cumplió.
A pesar de los daños visibles en sus hogares, algunos ejidatarios se sienten sin derecho a protestar, ya que cedieron tierras a la empresa; por su parte, los pobladores que no fueron consultados exigen justicia.
Una audiencia clave está programada para el 26 de septiembre de 2025, en la que se espera que el juzgado ratifique la suspensión de las actividades mineras.
El pueblo maya de Xcucul Sur exige el respeto a sus derechos colectivos y la cancelación definitiva del proyecto extractivo que amenaza su vida, salud y forma de vida.
