- Inclusión de un artículo transitorio que aplica la retroactividad en casos de juicios de amparo vigentes, confronta a Ejecutivo y Legislativo que pertenecen al mismo partido.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- En el centro del debate por la retroactividad de la Ley de Amparo, la consejera jurídica de la Presidencia Ernestina Godoy sostuvo públicamente que la iniciativa no implica retroactividad, no vulnera derechos adquiridos y mucho menos pretende debilitar al juicio de amparo.
Sin embargo, la versión final aprobada por la mayoría de Morena en el Senado incluyó un transitorio inconstitucional, que permitiría aplicar retroactivamente la nueva ley de amparo a casos ya en curso. Esta modificación no sólo desdibuja el mensaje jurídico del Ejecutivo, sino que también provocó un abierto rechazo de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien negó haber autorizado tal inclusión.
“La presidenta está enterada”, fue el argumento que varios senadores escucharon al momento de votar. Pero la realidad fue otra: en su conferencia matutina del 2 de octubre, Sheinbaum desmintió esa versión, pidió públicamente a la Cámara de Diputados que corrija el error y reafirmó su compromiso con la constitucionalidad. La ruptura quedó expuesta.
Godoy: “No se vulnera la Constitución”
Desde que se presentó el proyecto, Godoy ha sido la vocera legal del Ejecutivo. En múltiples entrevistas y foros, ha sostenido que la reforma no afecta los derechos humanos ni permite retroactividad. “El juicio de amparo debe proteger a quienes lo necesitan, no a quienes lo usan para evitar la justicia”, declaró recientemente.
En su discurso, la consejera subraya que la propuesta busca ordenar, agilizar y modernizar el juicio de amparo, sin convertirlo en refugio de intereses privados ni herramienta para frenar políticas públicas. Pero el transitorio introducido en el Senado contradice directamente esa narrativa: establece que las nuevas disposiciones puedan aplicarse incluso a procesos ya iniciados, lo cual viola el principio de irretroactividad establecido en el artículo 14 de la Constitución.
El contraste entre el discurso jurídico de la Presidencia y la maniobra legislativa deja en evidencia un problema más profundo: la falta de control político sobre los legisladores oficialistas, algunos de los cuales, como el senador Adán Augusto López (se presume), introdujeron el transitorio bajo acuerdos con otras bancadas —como la del Partido Verde— y lo vendieron como una instrucción presidencial.
Fractura en Morena y advertencias internas
A pesar de las advertencias de especialistas y juristas, el transitorio fue aprobado en el Senado. Sin embargo, varios legisladores de Morena votaron en contra del artículo en lo particular, entre ellos Javier Corral, Rafael Inzunza y Anahí González, quienes argumentaron que se trata de una aberración jurídica. Aun así, la mayoría avaló el documento completo.
El descontento no tardó en reflejarse al interior de la bancada, donde se cuestionó la falta de transparencia en la negociación de ese transitorio. Algunos senadores confiaron en que la presidenta estaba al tanto. Otros intuyeron que había un cálculo político detrás. Pero con el desmentido de Sheinbaum, el vacío de responsabilidad quedó expuesto. ¿Quién dio luz verde a un artículo inconstitucional?
Godoy, Sheinbaum y el costo de la contradicción
El costo político de este episodio lo carga en parte Ernestina Godoy, cuya autoridad técnica quedó debilitada ante una reforma que ya no representa plenamente la narrativa del Ejecutivo, por lo que debe operar de inmediato para corregir la decisión mayoritaria del Senado.
Durante su conferencia Sheinbaum intentó contener los daños, desmarcándose de una operación legislativa que escapa a su control y contradice sus compromisos públicos. Esta no es la primera vez que sucede: semanas atrás, también tuvo que deslindarse de otra modificación senatorial que postergaba hasta 2030 los efectos de reglas contra el nepotismo y la reelección. Esa vez también dijo “no fue mi instrucción”.
