Por KUKULKÁN
POBRECITOS empresarios refresqueros, lloran como si el país les estuviera quitando el oxígeno… cuando lo único que quieren es subirles el impuesto al azúcar. Resulta que ahora el nuevo enemigo de la patria no es el narco, ni la corrupción, ni la obesidad que nos está matando a pasos de jarra de dos litros, sino el malvado IEPS a las bebidas endulzadas. ¡Qué tragedia tropical!
LOS MISMOS que llevan décadas vendiendo litros de diabetes embotellada se desgarraron las vestiduras en la Cámara de Diputados, clamando por las “tienditas del país” —esas que, de pronto, descubrieron que existen— para defender el “consumo popular”. Porque claro, ¿qué sería del pueblo sin su litro y medio de refresco diario? ¿Sin ese chorro de glucosa que acompaña la garnacha, el desayuno y hasta la misa?
DICEN que el impuesto no es “saludable”. Que no reduce la obesidad. Que daña a la economía. Y uno los oye hablar con la misma seriedad con la que el lobo diserta sobre derechos de las ovejas. La realidad, por si alguien se atreve a leer los números y no los slogans, es que México está ahogado en azúcar: más del 70% de los adultos tienen sobrepeso, la diabetes es la segunda causa de muerte, y el gasto público en sus consecuencias médicas devora miles de millones al año.
PERO NO, el problema no son los refrescos, es que la gente “no hace ejercicio”. La Asociación Mexicana de Bebidas incluso asegura que sus productos apenas representan el 5% de las calorías consumidas por los mexicanos. ¡Ah, bueno! Entonces con razón medio país tiene hígado graso y pies amputados: seguro es culpa del aire. Y todavía se indignan porque el gobierno quiere subirles unos pesitos por litro, no para castigarlos, sino para invertir en detección temprana de enfermedades renales y programas de vida saludable. Vaya insulto.
QUIEN lo explicó con claridad fue el subsecretario Eduardo Clark: “No se trata de incrementar el costo, sino de reducir el consumo”. Pero en el reino del cinismo empresarial eso suena a comunismo. “Nos van a llevar a la informalidad”, advierte uno de los voceros, como si vender refrescos en la banqueta fuera el último bastión de la libertad económica.
NO PODÍAN faltar en este lío los representantes del tabaco que, solidarios con sus primos del azúcar, también lloran por el IEPS al cigarro. Ellos, que financian pulmones negros desde hace medio siglo, ahora se erigen defensores del consumidor. Dicen que el crimen organizado se beneficiará si se encarece el cigarro legal. Lo mismo podrían decir los refresqueros: “Si sube el impuesto, el pueblo se va a fermentar su propio jarabe”.
LA IRONÍA es deliciosa —más que una Coca con hielo—: los mismos que nos llenaron de anuncios de “felicidad en botella” ahora pretenden dar clases de nutrición fiscal. Y no lo hacen en nombre del negocio, claro, sino “por el bien del pueblo”. Ese pueblo que, por cierto, gasta más en curar sus males metabólicos que en educación o vivienda.
DESDE el gobierno, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que el consumo de refrescos es dañino. Y tiene razón: no hay argumento que justifique seguir endulzando la muerte. Pero la industria prefiere mirar para otro lado. “El consumo se ha mantenido estable”, dicen, como si eso fuera consuelo. Sí, estable… como el número de entierros por diabetes cada año.
AL FINAL, lo que molesta no es el impuesto, sino la evidencia. Que se demuestre que las políticas públicas pueden, de hecho, cambiar hábitos y salvar vidas. Que la narrativa de “no sirve para nada” se caiga cuando los datos muestran reducción en compras y consumo tras el impuesto de 2014. Pero eso no cabe en los comerciales de burbujas felices.
DE MODO QUE, mientras los empresarios calculan pérdidas y los políticos cuentan votos, los mexicanos seguiremos contando calorías que nunca supimos que bebíamos. Porque aquí, en el país donde el agua cuesta más que el refresco y donde un litro de cola es símbolo de progreso, pretender que gravar el azúcar es un acto de salud pública resulta, para muchos, una herejía. Sin embargo, es simple: cada peso que encarece una botella puede ser una vida que se salva. Lo que pasa es que, para algunos, la salud pública siempre ha sido un mal negocio.
