Zósimo Camacho
La planeación democrática de una ciudad debería construirse sobre pilares de diálogo, respeto, técnica y consenso. Sin embargo, el 30 de octubre pasado, en una Mesa de Trabajo transmitida por el Congreso de la Ciudad de México, la diputada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por Tláhuac y Milpa Alta de la Ciudad de México, Judith Vanegas Tapia, optó por un guion distinto: el del señalamiento, la estigmatización y la amenaza velada.
La legisladora dirigió su artillería verbal contra una sola persona: Carlos González García, defensor de derechos humanos, asesor jurídico de comunidades de toda la geografía mexicana y uno de los abogados agrarios más respetados por su conocimiento del derecho, su integridad y convicciones. Estas últimas lo han llevado a acompañar a los pueblos, tribus y naciones indígenas del país en su lucha contra inmobiliarias, mineras, desarrolladores turísticos, nuevos terratenientes y otros poderes fácticos que, aliados con los formales, han pretendido despojar y disolver comunidades enteras desde hace tres décadas. Es decir, González García ha defendido la propiedad colectiva y social de la tierra frente a la acumulación capitalista.
Las declaraciones criminalizadoras y racistas de Vanegas Tapia fueron condenadas de manera unánime por las ejemplares comunidades de Milpa Alta. Y es que la diputada dejó ver un profundo desprecio por la organización comunal de los pueblos en resistencia, como si fueran manipulables, y su histórica resistencia, que data del periodo Colonial, pudiera ser tutelada o dictada por una persona.
Al mismo tiempo, la legisladora hizo asomar una página del peligroso manual de silenciamiento de las voces incómodas, aquella estrategia enfilada históricamente contra Jacinto Canek, Cajeme, Tetabiate, Zapata, Jaramillo…, donde lo primero es restarle legitimidad y autoridad moral a las demandas y a las personas para luego criminalizarlas.
Las palabras de la diputada Vanegas, pronunciadas con desparpajo y grabadas para quien quiera escucharlas, fueron un compendio de agravios. Calificó a González García como el “enemigo histórico” de todo lo que se intenta hacer y le acusó de ser quien “levantó” a los pueblos en contra de proyectos de la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México (2018-2023), Claudia Sheinbaum, hoy presidenta de la República. Pero la frase más siniestra, cargada de un tono profético y amenazante, fue: “Quiero comentarles que atrás de todo esto, no sé si viva, no sé si no viva, pero va a salir y ustedes lo verán el nombre… anótenlo de una vez”.
Este señalamiento público, que los comuneros de San Pedro Atocpan han denunciado como una criminalización abierta, no es un error retórico; es un acto de violencia política que pone en la mira a un defensor y a todo el tejido social que representa.
Peor aún, llegó a decir que la presidenta de la República “ya lo trae” (sic), cualquiera que ello signifique. ¿Tiene autoridad la legisladora para, incluso, involucrar a la titular del Poder Ejecutivo federal mexicano en esta amenaza?
La respuesta de los pueblos de Milpa Alta ha sido inmediata, contundente y colectiva. Lejos de aceptar el relato de la diputada, las comunidades se han alzado con una sola voz para desmentirla y defender a su asesor. El Consejo Comunal Indígena Nahua de Villa Milpa Alta, en un comunicado dirigido a instancias nacionales de organización popular como el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), dejó en claro que Carlos González no es un externo que incita, sino un “compañero de muchos”.
Subrayaron que es parte de una lucha histórica que se remonta a la fundación del CNI, organización acompañante del EZLN desde que “la palabra digna de los pueblos empezó a caminar por todo el país”. Nombrar a Carlos González “enemigo”, sentencian, es nombrar como enemigos a todos los pueblos que resisten.
Por su parte, el Consejo de Bienes Comunales Indígena Nahua de Santa Ana Tlacotenco calificó los comentarios de la diputada como “vergonzosos”, “desafortunados” y fruto de “intereses frustrados”. Aclaró con contundencia que “la comunidad se organiza por sí misma” y no necesita que nadie externo la “levante”. Destacaron la honradez y humildad del Carlos González, que contrastan con las características de quienes “cobran muchísimo dinero por no hacer nada más que servir a intereses ajenos a la comunidad”. La sugerencia final fue lapidaria: si la diputada no tiene la capacidad para construir con la comunidad, “mejor deje el cargo”.
La historia de conflictos que explican este enojo no es nueva. Comuneros y comuneras de Milpa Alta detallan en su pronunciamiento los múltiples frentes legales en los que Carlos González García les acompaña para resistir despojos, como la perforación ilegal de un pozo en San Jerónimo Miacatlán, la imposición de un complejo de universidades en Villa Milpa Alta, la defensa del deportivo “El Polvorín” en San Pedro Atocpan y la construcción ilegal de un mercado en el Ejido Tecómitl. En este último caso, revelan un dato crucial: en el amparo 1786/2022, un Tribunal Colegiado determinó que la entonces alcaldesa Vanegas violó una suspensión, lo que derivó en fuertes multas para ella y su equipo, y dejó expedita la vía para su remoción y el fincamiento de responsabilidades penales.
Este historial judicial desmonta la narrativa de la diputada y la sitúa en el lugar de quien ha transgredido la ley. Es ella y no González quien ha quebrantado la legalidad.
El fondo de este conflicto trasciende lo personal. Es el choque entre dos visiones de país. Por un lado, una visión paternalista y autoritaria que, como señala el Consejo Comunal Indígena Nahua, “cuando el poder no entiende, acusa; cuando no escucha, señala; cuando no puede controlar, inventa enemigos”. Por el otro, la resistencia milenaria de los pueblos que, con sus asambleas y guardias comunales, defienden su territorio, agua y cultura.
Las declaraciones de Vanegas Tapia constituyen una falta administrativa grave, como bien fundamentan los comunicados al citar el Artículo 6º Constitucional y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues se traducen en la punta de lanza de un sistema que criminaliza la defensa legítima de los derechos.
El mensaje final de los pueblos es claro y resonante: “No necesitamos su permiso para defender lo que es nuestro. No necesitamos su ‘delicadeza’, sino su respeto”. La dignidad colectiva de Milpa Alta ha hablado. Ahora corresponde a las instituciones hacer lo mismo: investigar las graves declaraciones de la diputada, garantizar la seguridad de Carlos González García y, sobre todo, escuchar. El futuro de la Ciudad de México depende de qué tan bien sepan oír esa lección.
Milpa Alta representa el sentir de los pueblos originarios de lo que hoy se llama Ciudad de México, invisibilizados hasta en el nombre de la entidad federativa. Las autoridades tendrán que respetar cuando las comunidades dicen “no” a proyectos de supuesto desarrollo que atentan contra su integridad, identidad, cultura, territorio, su historia y su futuro.
