- Juzgadores que cesaron sus funciones con la reforma judicial denunciaron al organismo de darles un trato humillante y el riesgo de un posible desvío de los 6 mil 500 millones de pesos.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Tras reunirse el pasado viernes con funcionarios del Órgano de Administración Judicial (OAJ), juzgadores que cesaron sus funciones con la reforma judicial denunciaron al organismo de darles un trato humillante y el riesgo de un posible desvío de los 6 mil 500 millones de pesos previstos para liquidarles la indemnización extraordinaria.
Desde septiembre, el OAJ ha retrasado el pago de la indemnización extraordinaria de 3 meses de salario integrado y 20 días de salario por cada año de servicio prestado, previsto en el artículo décimo transitorio de la Constitución para los juzgadores que perdieran su plaza tras los comicios judiciales.
El miércoles, el grupo de jueces y magistrados federales en retiro cerraron Insurgentes Sur, afuera de la sede del Tribunal de Disciplina Judicial, para reclamar esa compensación que debían pagarles desde septiembre y que con la reforma judicial fue prevista en el artículo décimo transitorio de la Constitución.
Ese día se acordó un encuentro previsto para el pasado viernes 14.
“Se informa que, no obstante que el OAJ se comprometió a recibir a un comité de juzgadores federales cesados para realizar trabajos conjuntos de análisis, con el fin de que los pagos indemnizatorios (…) el resultado de dicha reunión fue completamente infructuoso y humillante”, indicaron en un comunicado.
“En lugar de que asistieran representantes del OAJ con capacidad de diálogo, fuimos recibidos por empleados de la más baja jerarquía del área de Recursos Humanos, quienes llevaban instrucciones de no transparentar ninguna información a la que, como beneficiarios de la ley, tenemos derecho. Incluso, ante cualquier pregunta que se les formuló, se limitaron a responder de manera insistente que “se estaba analizando” cada tema planteado”.
Agrega que la negativa a proporcionarles la información solicitada en la cita del viernes, así como la opacidad sobre el número de personas a las que deben pagar la indemnización extraordinaria -anunciada para el próximo 10 de diciembre- y la forma en que integrarán el salario base de cotización, “son elementos que evidencian el riesgo real de un manejo indebido de esos recursos”.
