Trasladan rastreo antilavado a inmobiliarias

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  • Las reformas a la Ley Antilavado obligarán a que los asesores inmobiliarios investiguen sobre los ingresos de las personas o empresas que busquen adquirir una propiedad.
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Las reformas a la Ley Antilavado obligarán a que los asesores inmobiliarios investiguen sobre los ingresos de las personas o empresas que busquen adquirir una propiedad; sin embargo, existen empresas del ramo que podrían incumplir en la ley por no contar con personal capacitado.

Jorge Rodríguez, business development manager en Regcheq México, comentó que en 2012 existían algunas disposiciones en la materia, pero eran poco revisadas.

Ahora, con la reforma a la ley, los asesores inmobiliarios y entidades que transaccionan con inmuebles, están obligados a investigar la procedencia de los recursos que tienen las personas a la hora de comprar o rentar un inmueble.

“Cambia ahora sobre el asesor inmobiliario o el intermediario de la transacción, como en su momento fueron los notarios. La ley está obligando a conocer al cliente, saber quién, conocer sus fuentes de ingreso.

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“También tienes que hacer un análisis formal de riesgo, es decir, el modo y la forma en que se van a comprar la vivienda y los antecedentes que tengas con otras entidades”, explicó.

En este sentido, dijo que ahora, con estas nuevas investigaciones de carácter legal, los asesores inmobiliarios estarán obligados a reportar todos estos resultados ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Además, los asesores del ramo estarán obligados a conservar los expedientes de sus clientes durante al menos diez años y establecer políticas internas, manuales de cumplimiento y programas de capacitación.

Cuestionado sobre el tipo de actividades de compra y/o venta que se realicen fuera de marcos legales o que los recursos que se utilizan son ilícitos, Rodríguez resaltó que no existen datos ni cifras concretas sobre dichos recursos.

Por el contrario, resaltó que el país a nivel global es reconocido por ser un destino donde se compran inmuebles, que en muchos casos son adquiridos a través de recursos de procedencia ilícita.

“Instituto como la GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) evaluaron a México y salió mal evaluado en el lavado de dinero, por eso ahorita está el foco y se está subiendo las medidas para prevenir estas acciones fuera de la ley”, añadió.

En cuanto a los procesos de entrega y documentación que todas las personas tengan que realizar, el especialista descartó que este nuevo proceso de investigación sea un “obstáculo” o demore los procesos de compra.

Por el contrario, resaltó que las futuras adquisiciones de bienes inmuebles ahora serán más transparentes en cuanto a la legalidad de los activos con los que se compren, dado que hoy estarán en un mayor control y vigilancia por parte de autoridades en materia de seguridad financiera.

Sin embargo, Karim Oviedo Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), aseguró que pese a los avances a favor de evitar prácticas fuera de la ley en la compra o renta de viviendas, muchos asesores no cuentan con las facultades para verificar la procedencia de los ingresos de los compradores.

“Dentro de nuestra asociación identificamos que 40 por ciento trabaja una sola persona como asesor dentro de una empresa (para realizar este tipo de tareas de investigación); mientras que un 60 por ciento de las empresas tienen hasta 10 asesores”, comentó en entrevista.

Expuso que del universo total de asesores o empresas inmobiliarias en el país existen huecos en el personal que pueda atender y resolver las nuevas disposiciones fiscales; por lo que esto representará un reto para las empresas del sector en poder adaptarse a los cambios a la ley.

“Nosotros somos cerca de 7 mil asociados dentro de la AMPI, mientras que Inegi estima que son 300 mil inmobiliarios en el país. Lo anterior significa que la cifra de los inmobiliarios que no avisan a la UIF o que no trabajan de manera formal podría ser mayor”, añadió.

*Con información de Agencia Reforma

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