José Réyez
Los recientes ataques con misiles estadounidense en el Caribe y el Pacífico contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico podrían evocar, para el espectador desprevenido, la imagen de una guerra clara contra un enemigo concreto.
Sin embargo, esta acción, lejos de ser un golpe certero contra un “cártel” o “grupo narcoterrorista”, parece más bien un disparo en la penumbra, un síntoma de una estrategia que simplifica hasta la distorsión un problema de una complejidad abrumadora.
La narrativa oficial de Washington se empeña en presentar al narcotráfico como un monstruo de múltiples cabezas, pero con un cuerpo identificable: los cárteles. La realidad, ampliamente documentada por investigaciones como las de InSight Crime, es radicalmente distinta.
Hoy, el tráfico de drogas es una hidra líquida y descentralizada. No existe un cártel que controle de punta a punta la cadena de la cocaína o cualquier otra droga. En su lugar, opera una vasta red global de especialistas independientes: productores en laboratorios remotos, transportistas que cruzan selvas, intermediarios que mueven cargamentos en contenedores legales y pequeños eslabones, como los tripulantes de esas embarcaciones, que son fácilmente reemplazables.
Al etiquetar a estas redes como “narcoterroristas” y lanzar misiles, Estados Unidos no sólo está usando un martillo para arreglar un reloj de precisión, sino que está eligiendo el blanco equivocado. El ataque en el Caribe, según la administración, apuntaba al Tren de Aragua, una banda venezolana a la que se acusa de ser un actor central.
Sin embargo, no se ha presentado evidencia pública que respalde esta afirmación, y las investigaciones existentes no logran vincular a este grupo con el tráfico transnacional de drogas a gran escala.
La retórica que personaliza el problema en figuras como el presidente Nicolás Maduro y su presunto “Cártel de los Soles” —más una descripción de un sistema de corrupción que una organización criminal formal— añade otra capa de confusión geopolítica a un desafío que es, ante todo, económico y social.
Este enfoque militarista, además de cuestionable en su efectividad, es profundamente peligroso. La zona del ataque es un corredor de contrabando diverso, donde pueden transitar desde drogas hasta migrantes.
¿Estamos ante la posibilidad de que hayan muerto migrantes o pescadores pobres, los eslabones más débiles y desechables de la cadena? La opacidad del gobierno estadounidense no ayuda a disipar estas dudas.
Históricamente, el uso de fuerza letal directa contra traficantes ha sido la excepción, no la norma. La invasión a Panamá en 1989 para capturar a Manuel Noriega es un precedente lejano y de dudoso éxito a largo plazo.
Los traficantes son empresarios de la adaptación: ante un despliegue militar, simplemente desviarán sus rutas, cambiarán sus métodos y seguirán operando. El flujo de drogas es como el agua: busca siempre el camino de menor resistencia. Mientras exista una demanda masiva en los países consumidores, ningún misil podrá secar la fuente.
Pero el problema más grave quizás sea la falta de una base legal clara. ¿Bajo qué ley internacional o nacional justifica Estados Unidos un ataque letal contra ciudadanos no combatientes, cuya amenaza inminente para la seguridad nacional no está demostrada? La designación arbitraria de “organización terrorista” a grupos criminales parece ser un atajo legal para justificar acciones que, de otra manera, serían consideradas extrajudiciales.
Los tribunales y legisladores estadounidenses han sido tradicionalmente deferentes con el poder ejecutivo en materia de seguridad, pero esta deferencia no debe convertirse en un cheque en blanco para una escalada militar sin límites.
Al final, retratar el narcotráfico como una guerra contra cárteles o terroristas es un error de diagnóstico con consecuencias catastróficas. Nos impide ver el fenómeno por lo que es: un negocio globalizado, hipereficiente y descentralizado, alimentado por la desigualdad, la corrupción y una demanda insaciable.
Concentrar los recursos en costosos despliegues militares que sólo golpean a los peones del tablero, mientras se descuidan las políticas de salud pública, reducción de daños y desarrollo económico en las zonas productoras, es condenarse a repetir fracasos.
El verdadero “gamechanger” no será un misil más preciso, sino la valentía para abordar la complejidad del problema y aceptar que la solución no está en el Caribe, sino en las calles de los países consumidores y en las oficinas donde se diseñan políticas integrales. Mientras tanto, los misiles seguirán explotando, haciendo mucho ruido, pero cambiando casi nada.
