- La Coparmex Quintana Roo expresó su confianza en que la legislación contribuya a erradicar una de las prácticas que más afecta a la industria.
OMAR ROMERO
CANCÚN, Q. ROO.- Luego de la aprobación de Ley General Contra la Extorsión, el sector empresarial expresó su confianza en que se contribuya a erradicar una de las prácticas que más afectan a la industria.
La presidenta estatal de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Jovita Portillo, comentó que la extorsión sigue siendo uno de los ilícitos que genera más preocupación a los empresarios.
Al término de la asamblea mensual del organismo, a la que asistieron integrantes del gabinete municipal, explicó que ese ilícito registra un incremento de 18 por ciento en el país y en Cancún es del 5 al 6 por ciento.
La líder empresarial consideró que con la legislación federal se podrían tener avances significativos para sancionar a las personas que incurran en esta conducta fuera de la ley.
“Lo consideramos oportuno y bien (la aprobación de la ley), ahora nada más hay que ir aterrizando sobre el Código que tenemos.
“En Quintana Roo ya tenemos algo al respecto, que es de 15 años y más, entonces ya nuestro Congreso tendrá que hacer algunas actualizaciones derivado de lo que viene bajando del gobierno federal”.
Portillo Navarro señaló que existe optimismo sobre la efectividad del marco normativo para reducir la incidencia delictiva.
Consideró, sin embargo, que el sector empresarial debe también reforzar la práctica de la denuncia para facilitar las detenciones y mejorar la medición de ese fenómeno criminal.
De acuerdo con el informe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, indicó que algunos delitos han disminuido entre julio y noviembre pasados, aunque la Coparmex nacional dará a conocer sus propios datos en los días siguientes.
Igualmente, destacó que desde la mesa de seguridad se fortalecerá la coordinación con el Grupo Centurión, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
El objetivo, dijo, es atender de manera inmediata las denuncias y mejorar la capacidad de respuesta ante casos de extorsión, secuestro y el llamado cobro de derecho de piso.
La reforma legal establece penas de 15 a 25 años de prisión y la imposición de multas de 300 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que son equivalentes de 33 mil 942 a 56 mil 570 pesos.
La normatividad dicta que en los casos donde la víctima sea un comerciante, empresario, industrial, agricultor, ganadero, pescador o prestador de servicios públicos o privados, la pena aumentará entre 19 y 33 años.
Por tal motivo, la sanción privativa de la libertad pasaría de 22 a 42 años cuando se emplee violencia física, en casos de “montachoques”, cuando intervenga una o más personas armadas y se tenga por objeto anular o impedir el derecho a la libertad de expresión.
Además, cuando el ilícito se cometa por servidores públicos de cualquier nivel de gobierno o por miembros de alguna empresa de seguridad privada.
