- Tzompantli herido: el mural de Cauduro y la protesta que olvidó su propio grito.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- La justicia no solo se daña cuando se violan derechos, se ignoran leyes o se fabrican culpables. A veces, la herida es simbólica, y más profunda. El pasado 15 de noviembre, entre vidrios rotos, gritos encendidos y la rabia legítima de una protesta que tomó las calles del Zócalo, ocurrió un acto que pasó casi desapercibido entre consignas y pancartas: el mural “Un clamor por la justicia. Siete crímenes mayores”, del artista Rafael Cauduro, fue dañado en uno de sus segmentos más representativos: el Tzompantli.
No fue un daño menor. No fue solo una pared. Fue el golpe involuntario —pero brutal— a una de las obras más lúcidas, incómodas y necesarias que existen dentro del edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Pintado entre 2006 y 2009, el mural de Cauduro no celebra la justicia: la denuncia. Con realismo crudo, casi doloroso, retrata siete formas en que el sistema judicial ha fallado al pueblo mexicano: tortura, desaparición, represión, abuso sexual, impunidad, prisión injusta y violencia institucional.
En el segmento Tzompantli, inspirado en los muros de cráneos del México prehispánico, Cauduro trazó una metáfora directa y sangrante: en México, la justicia muchas veces se construye sobre cadáveres. Sobre víctimas que no obtuvieron reparación, solo olvido.
Durante la protesta masiva realizada ese día en la sede de la SCJN —con consignas dirigidas al Poder Judicial y sus figuras—, algunas de las puertas del edificio fueron violentadas, y, en medio del caos, parte del mural fue impactado físicamente. Las marcas quedaron visibles en la sección inferior del Tzompantli.
No fue una agresión dirigida al arte. Fue, como muchas veces ocurre, el olvido de su sentido. Porque esa obra, justo esa, habla desde hace años del mismo dolor que impulsó la protesta. El clamor por justicia que tanto demandaban los manifestantes ya estaba allí, pintado con fuego y cenizas por Cauduro, elevado en un lenguaje visual que interroga y duele.
Esta semana, la familia del muralista acudió al recinto. Encabezados por Liliana Pérez Cano, viuda del artista y directora de la Casa Estudio Rafael Cauduro, verificaron personalmente las afectaciones. Lo hicieron no solo como dolientes, sino como guardianes del legado de un hombre que dedicó su arte a señalar las grietas del sistema.
En respuesta, la SCJN emitió un comunicado reconociendo el daño y anunciando que trabajará de la mano con la Casa Estudio, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para restaurar la obra con el respeto y rigor que merece. El objetivo: honrar la visión del maestro y preservar una pieza fundamental del patrimonio cultural del país.
Más allá de la técnica que se use para devolverle su integridad al mural, el mayor reto será restaurar el sentido de la obra en la conciencia colectiva. Porque lo más grave no fue solo el daño físico: fue que se olvidó que ese mural ya estaba del lado del pueblo, gritando desde los muros lo que muchos gritaron en la calle.
Cauduro pintó para provocar, para sacudir, para cuestionar. Su mural no es un adorno institucional, sino una denuncia permanente. Su “clamor” no es por estética: es por justicia real. Y si el país sigue pidiendo justicia, lo mínimo que puede hacer es cuidar sus símbolos, sus heridas plasmadas en arte, sus testigos incómodos. Como ese tzompantli pintado no con sangre, sino con verdad.
