POR KUKULKAN
POCAS cosas son tan predecibles en la política mexicana como la doble moral de la derecha bien peinada. Esa que reparte lecciones de ética desde columnas dominicales, micrófonos financiados por fundaciones sospechosas y ONG con nombres grandilocuentes. Pero cuando les pillan con las manos en el cajón del erario, no tardan en sacar el pañuelo y gritar a coro: “¡Represión! ¡Persecución política!”
EL CASO más reciente de este síndrome de hipervictimización lo protagoniza María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), activista de la integridad institucional… pero, según la Fiscalía General de la República, beneficiaria de una pensión fraudulenta montada sobre las ruinas de Pemex, con ayuda de exfuncionarios de esa misma paraestatal. Ironía pura: la abanderada de la transparencia enlodada por una pensión sospechosa que lleva décadas goteando dinero público.
EL EXPEDIENTE es sencillo, pero revelador. En 2004, el esposo de Casar, un funcionario de Pemex, falleció en lo que se documentó como un suicidio, hecho que, por normativa de la empresa, no otorga derecho a pensión. Sin embargo, algo se “arregló” en los pasillos petroleros y el deceso fue reclasificado como “accidente laboral”, categoría mágica que abre las compuertas de las pensiones vitalicias. Así, con un simple trámite administrativo bien lubricado, la señora Casar empezó a cobrar lo que hoy la FGR califica como un posible acto de corrupción facilitado por funcionarios neoliberales.
DURANTE más de 15 años, la pensión fluyó sin cuestionamientos. Todo iba bien hasta que la 4T —sí, esa misma que a la derecha le produce urticaria— se puso a revisar papeles. Encontró inconsistencias, presentó denuncias, y ahora el caso está en manos de un juez que, si todo sigue su cauce, decidirá si hay materia para vincular a proceso a Casar y a otros implicados. Y fue entonces que comenzó el show de los lamentos.
PRIMERO, la acusada gritó persecución. Luego, su organización —esa que vive para denunciar opacidad ajena— sacó comunicados acusando una cacería política. Y como guinda, columnistas afines, políticos del Frente Opositor y figuras mediáticas alineadas hicieron lo suyo: victimizar, desviar la atención y hablar de un “ataque a la libertad de expresión”. Porque ya se sabe: si un crítico del gobierno comete un fraude, perseguirlo por la vía legal es censura.
¿Y EL FONDO del asunto? Ese casi ni se menciona. Casar y sus defensores no quieren hablar del documento que convirtió un suicidio en un accidente laboral. No quieren discutir el papel de los funcionarios que firmaron esa resolución mágica. No quieren explicar por qué se siguió cobrando una pensión cuestionable por casi dos décadas. Mucho menos quieren reconocer que la denuncia no vino del cielo, sino de Pemex, con pruebas documentales y argumentos legales.
PERO ahí está el manual de la derecha: cuando el acusado es un adversario político, se exige prisión preventiva, se exige moral pública, se exige castigo ejemplar. Pero cuando el señalado lleva saco azul marino, da conferencias en think tanks y escribe contra la 4T, entonces la justicia es vendetta, y la investigación es terrorismo de Estado. Claro, hay que vigilar a la FGR, como a toda institución, para que no se desvíe del debido proceso.
CONVERTIR cada intento de aplicar la ley en una narrativa de persecución sólo revela una cosa: la derecha no quiere justicia, quiere impunidad de élite. Una justicia que sólo baje la guillotina cuando el cuello sea ajeno. Casar tendrá su audiencia, podrá defenderse, presentar pruebas y ejercer sus derechos. Eso se llama Estado de Derecho. Lo que no se vale es convertir su caso en un circo de mártires neoliberales, como si todo esto fuera un complot del lopezobradorismo para callar voces críticas. Si la pensión es legal, que lo demuestre. Si no lo es, que pague. Así de simple.
