- Coparmex advirtió que las empresas enfrentarán en 2026 mayor presión fiscal y una fiscalización más estricta del SAT.
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MONTERREY, NL.- Además de enfrentarse al letal arsenal que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aplicará el próximo año, las empresas encararían otro, con una mayor fiscalización del estado, advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
La Coparmex Nuevo León, que representa a cerca de mil 500 empresas con más de 180 mil trabajadores, advirtió que existen iniciativas de reforma al Código Fiscal del Estado 2026 para ampliar las facultades de fiscalización que podrían afectar la operación de las empresas y su certidumbre jurídica.
Indicó, a través de un comunicado, que la propuesta es para homologar el marco fiscal estatal con el federal y ampliar las facultades de fiscalización del estado a través de la Subsecretaría de Administración Tributaria del Gobierno de Nuevo León.
En la Comisión de Presupuesto se votó ayer en rechazo toda la propuesta de reforma al Código Fiscal que envió el gobernador en el Paquete Fiscal 2026.
Se prevé que hoy se vote en el Pleno el dictamen descartando los ajustes que buscaba el Ejecutivo.
No obstante, el gobernador puede vetar lo dispuesto por el Legislativo y mantener así en la mesa los ajustes que planteó.
La Coparmex detalló que entre las nuevas facultades se encuentran la verificación directa de información fiscal, la revisión de la autenticidad de los comprobantes fiscales digitales (CFDI) y la suspensión de la emisión de facturas durante visitas de verificación.
“La suspensión de la emisión de facturas sin una verificación exhaustiva puede afectar la liquidez y la operación de empresas cumplidas con impactos negativos en empleo, proveedores y clientes”.
Otro punto sobre el que alertó el sindicato patronal fue el que se podrá negar el registro estatal a empresas por antecedentes de socios o representantes.
La Coparmex afirmó que la inmovilización de cuentas bancarias y la transferencia directa de recursos representarán riesgos operativos, especialmente para el pago de nómina, que pueden desalentar la inversión y la contratación.
Cecilia Carrillo López, directora general del sindicato patronal, apuntó que las facultades que se pretenden otorgar al estado son desproporcionadas frente al alcance real de los impuestos locales.
“Los instrumentos diseñados para fiscalizar ISR o IVA no pueden trasladarse automáticamente al ámbito estatal sin generar riesgos operativos y jurídicos para las empresas”, advirtió.
“La amplitud de estas facultades, sin controles claros, puede dar lugar a decisiones discrecionales y abrir espacios para malas prácticas que afectan la confianza y la inversión”.
La directora pidió construir un marco fiscal que fortalezca la recaudación estatal sin poner en riesgo la actividad productiva, la inversión y el empleo formal en la entidad.
Mientras tanto, el presidente de la Coparmex Jalisco, Raúl Flores López, planteó que el 2025 cerró como un año de retos para las empresas de este estado.
Estuvo marcado por amenazas arancelarias, incrementos en costos, cambios legislativos y ajustes en el mercado laboral, lo que generó mayor prudencia en las decisiones empresariales.
“A lo largo del año, las empresas operaron en un entorno complejo; este contexto obligó a una mayor prudencia en las decisiones empresariales, pero también impulsó a muchas compañías a adaptarse, innovar y buscar nuevas formas de mantener su competitividad”, señaló.
