José Réyez
La administración de Trump ha declarado en 2025 una guerra sin cuartel contra el crimen organizado, pero su estrategia parece una bomba de humo: espectacular en su despliegue, pero un claro desdén por los esfuerzos de cooperación a largo plazo.
Bajo la bandera de la “protección” y la “seguridad nacional”, Estados Unidos ha lanzado bombardeos en altamar, designado a pandillas como organizaciones terroristas y resucitado leyes centenarias para detener migrantes.
Sin embargo, estas acciones de alto perfil contrastan con decisiones que, en la práctica, desmantelan herramientas clave contra la corrupción y el lavado de dinero, y premian a figuras notoriamente vinculadas al narcotráfico.
El núcleo de la nueva estrategia es una fusión tóxica entre seguridad fronteriza, política migratoria y lucha antidroga, presentada bajo una narrativa de “invasión”. Esto ha justificado desde redadas masivas hasta el uso de fuerza letal contra embarcaciones sospechosas, operaciones cargadas de interrogantes legales y humanitarios.
El saldo inmediato es una reducción en las cifras migratorias y cierta presión sobre carteles como el de Sinaloa, que muestra fracturas internas. Pero el crimen organizado es un organismo hidra: al cortarle una cabeza, surgen otras, a menudo más violentas. En Ciudad Juárez, los grupos ya se adaptan, diversificando sus actividades delictivas.
Paradójicamente, mientras se bombardea un barco frente a las costas de Venezuela –atribuyéndoselo a un grupo como el Tren de Aragua, cuya capacidad narcotraficante transnacional es limitada–, el gobierno de Trump indulta a Juan Orlando Hernández, expresidente hondureño condenado por traficar cientos de toneladas de cocaína.
El mensaje es desconcertante: ¿se persigue al narcotráfico o se perdona a sus aliados políticos cuando conviene? Esta contradicción socava toda credibilidad moral y estratégica.
El enfoque se vuelve aún más miope al desfinanciar y desmantelar pilares institucionales de la lucha contra el crimen. La eliminación de la USAID y la suspensión de programas del Departamento de Estado que fortalecían instituciones judiciales y policiales en la región son un tiro en el pie.
Países como Haití, abandonados a su suerte, ven cómo las bandas criminales usurpan el poder estatal. Al mismo tiempo, debilitar leyes como la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) o la Corporate Transparency Act (CTA) es abrir la puerta de par en par al lavado de activos y la corrupción, oxígeno vital del crimen organizado.
La retórica belicista también envenena las relaciones con aliados clave como presionar a Colombia, el socio regional más estable durante décadas, con amenazas de recortes de ayuda, muestra una diplomacia torpe y contraproducente.
Aislar a gobiernos bajo el pretexto de combatir el crimen, sin ofrecer alternativas de cooperación real, sólo empuja a actores como el ELN a refugiarse en territorios fuera del alcance efectivo, complicando aún más el panorama.
En el fondo, esta “guerra” parece tener dos objetivos distintos y conflictivos: uno mediático, para consumo interno, construido sobre la narrativa de la invasión y la acción espectacular; y otro geopolítico, centrado en el cambio de régimen en Venezuela, utilizando el narcoterrorismo como pretexto para una presión militar sin precedentes.
El problema es que el primer objetivo trivializa y distorsiona la complejidad del crimen organizado, mientras que el segundo desestabiliza aún más una región ya de por sí frágil.
La conclusión es alarmante. Las políticas de la administración Trump en 2025 pueden generar titulares fuertes y una falsa sensación de acción decisiva, pero están sembrando las semillas para una crisis más profunda.
Al desarticular la cooperación internacional, premiar la impunidad de aliados convenientes y optar por la fuerza bruta sobre la inteligencia y la construcción institucional, Estados Unidos no está ganando la guerra contra el crimen organizado.
Está librando batallas aisladas mientras, en el tablero mayor, el crimen se adapta, se fortalece en las sombras y la región se sumerge en una espiral de mayor inestabilidad y violencia.
La lucha se estanca, no por falta de poderío, sino por falta de coherencia, visión y un genuino compromiso con la justicia, más allá de los discursos.
