- La Fiscalía General del Estado (FGE) destituyó a Karla Díaz Hermosillo, fiscal regional de Coatzacoalcos, luego de la polémica generada por la imputación del delito de terrorismo contra el periodista Rafael “Lafita” León Segovia.
JORGE GONZÁLEZ
COATZACOALCOS, VER.- La Fiscalía General del Estado (FGE) destituyó a Karla Díaz Hermosillo, fiscal regional de Coatzacoalcos, luego de la polémica generada por la imputación del delito de terrorismo contra el periodista Rafael “Lafita” León Segovia.
Es un caso que activó alertas por posibles violaciones a la libertad de expresión y al debido proceso.
La remoción ocurre en un contexto de fuerte presión pública, de pronunciamientos de organizaciones defensoras de derechos humanos y del gremio periodístico.
Calificaron la acusación como un uso desproporcionado del aparato penal del estado y un mensaje intimidatorio para la prensa crítica en Veracruz.
Diversos colectivos advirtieron que recurrir a figuras penales de alto impacto contra un comunicador sienta un precedente grave, al equiparar el ejercicio periodístico con conductas asociadas a amenazas contra la seguridad pública, lo que podría derivar en formas de censura indirecta y autocensura.
El caso cobró especial relevancia por el historial de Veracruz como una de las entidades con mayor número de agresiones contra periodistas.
Organismos nacionales e internacionales han insistido en la obligación del Estado de proteger, no perseguir, a quienes ejercen el derecho a informar.
Hasta ahora, la Fiscalía no ha informado si la destitución implicará una revisión de fondo de la carpeta de investigación, la reclasificación de los delitos imputados o el deslinde de responsabilidades internas por posibles abusos en la integración del expediente.
Organizaciones civiles insistieron en que el sistema de justicia debe operar bajo criterios de legalidad, proporcionalidad y respeto a los derechos fundamentales.
Exigieron que el caso sea evaluado con enfoque de derechos humanos para evitar que la persecución penal se convierta en un mecanismo de castigo o amedrentamiento contra la labor periodística.
El proceso contra Rafael “Lafita” León permanece bajo observación de colectivos y defensores, en un escenario que vuelve a colocar en el centro del debate la responsabilidad del Estado frente a la libertad de prensa y la garantía del debido proceso en Veracruz.
