- El PRI exigió al Consejo General del Instituto Nacional Electoral claridad y certeza sobre quién maneja los recursos del Instituto.
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CIUDAD DE MÉXICO.- El PRI exigió al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) claridad y certeza sobre quién maneja los recursos del Instituto, al pedir que se pronuncie sobre la denuncia contra el director de Administración, Octavio García, por posible conflicto de interés, tras pasar de proveedor de materiales electorales a administrar los recursos del organismo.
Durante la sesión de ayer, la diputada priista Marcela Guerra demandó a la presidencia del Instituto informar qué criterios consideró para su contratación y si analizó un posible conflicto de interés, esto debido también a los señalamientos contra las empresas que representó.
“No se trata de abrir un debate ajeno, sino de reforzar el contexto de integridad pública en el que este Consejo General está llamado a pronunciarse. Cualquier circunstancia que genere dudas razonables sobre la imparcialidad en la toma de decisiones administrativas debe ser atendida con claridad institucional y sin ambigüedades.
“La administración de los recursos públicos del INE es un asunto de interés público porque ejercen precisamente recursos públicos. Entonces exige los más altos estándares de integridad, transparencia y rendición de cuentas”, demandó.
Grupo REFORMA publicó que existe una denuncia ante el Órgano Interno de Control del INE contra Octavio García por un posible conflicto de interés.
En febrero de 2025, como representante del Corporativo Zeg, García disputó un contrato por casi 200 millones de pesos para dotar al INE de urnas, mamparas especiales y marcadores, el cual perdió, y en septiembre fue nombrado funcionario del organismo.
En la denuncia se exige a la Contraloría Interna investigar si el poder que le dio Zeg a García sigue vigente.
Además, mientras García era representante de esa empresa, a petición de la Unidad de Inteligencia Financiera se congelaron sus cuentas por una posible relación con el crimen organizado, e incluso la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) también abrió un procedimiento contra esa compañía por prácticas monopólicas.
El funcionario representó a la empresa Cajas Graf, que fue la que ganó una adjudicación directa por la que compitió Zeg.
Guerra reclamó que frente a las acusaciones, el INE no ha emitido una “posición institucional clara y pública” y aseguró que así como se fiscaliza a los partidos, el Instituto debe actuar con “coherencia” y conducirse con igual o mayor exigencia interna.
“Se solicita respetuosamente que el INE fije una posición institucional clara y tajante sobre si existe o no un conflicto de interés, y si hubiera, en este caso, de ser así, que se adopten las decisiones conforme al derecho corresponda.
La legisladora también recordó que hubo omisiones curriculares. Esto porque en el currículum que se entregó a los consejeros y el que aparece en la página de internet no menciona que representó por varios años a empresas proveedoras de materiales electorales.
Ni los consejeros ni la presidenta, Guadalupe Taddei, se han pronunciado sobre la exigencia.
