- El Colectivo de las Comunidades Mayas de Los Chenes denunció una crisis de salud pública derivada de la presencia de plaguicidas altamente peligrosos en sus fuentes de agua.
IGNACIO CANUL
HOPELCHÉN, CAMP.- El Colectivo de las Comunidades Mayas de Los Chenes denunció una crisis de salud pública derivada de la presencia de plaguicidas altamente peligrosos en sus fuentes de agua.
Ante esto, hizo un llamado público y enérgico a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), María Estela Ríos González, para que acceda a una audiencia presencial.
Pese a que el Máximo Tribunal atrajo el caso en mayo de 2025 debido a su trascendencia para los derechos humanos y ambientales, los representantes indígenas señalan que se les ha negado sistemáticamente el diálogo directo con la ministra ponente.
La batalla legal de las 17 comunidades involucradas comenzó formalmente en 2020 con una demanda de amparo, aunque la problemática suma más de diez años.
Estudios científicos y datos públicos han confirmado el hallazgo de residuos de agroquímicos no solo en el acuífero de la Península de Yucatán y pozos de consumo, sino en muestras de orina y sangre de los habitantes de la región.
“La calidad del agua en diversos puntos de Hopelchén no es apta para el uso y consumo humano”, sentenciaron las comunidades en su comunicado, recordando que esta situación vulnera sus derechos constitucionales básicos.
El pasado 5 de febrero, tras una nueva solicitud de audiencia, la oficina de la ministra Ríos González ofreció como alternativa una videollamada por la plataforma Zoom con personal de su ponencia.
Las comunidades rechazaron tajantemente esta opción, calificándola de discriminatoria y carente de pertinencia cultural.
Los líderes comunitarios señalaron que exigir una conexión a internet en regiones rurales con servicios deficientes es una barrera para la justicia y consideran que la negativa a un encuentro físico contradice el discurso de una “Nueva Suprema Corte” abierta al pueblo y a los pueblos originarios.
El Colectivo recordó que este amparo es solo una arista de una lucha mayor contra la deforestación, el uso de semillas transgénicas y la muerte masiva de abejas en su territorio.
“Esperamos que la sentencia de este Máximo Tribunal nos conceda finalmente el acceso a la justicia y contribuya a resolver las problemáticas ambientales que asfixian nuestro territorio”, concluye el documento fechado el 15 de febrero.
Las comunidades se mantienen en alerta permanente, a la espera de una respuesta que respete su derecho constitucional de petición y de audiencia presencial.
