- La propuesta en materia de control interno policial en el municipio de Benito Juárez será respaldada, expresó Julio César Gómez Torres, secretario de Seguridad Ciudadana del estado.
OMAR ROMERO
CANCÚN, Q. ROO.- La propuesta en materia de control interno policial en el municipio de Benito Juárez será respaldada, expresó Julio César Gómez Torres, secretario de Seguridad Ciudadana del estado.
El mando policial consideró que toda medida orientada a fortalecer las instituciones, la disciplina y la justicia interna contribuye a consolidar la seguridad pública.
El planteamiento que hizo la presidenta municipal Ana Paty Peralta de la Peña es modificar la normativa y fortalecer las facultades de la Dirección de Asuntos Internos y del Consejo de Honor y Justicia.
El cambio principal consiste en establecer al Consejo de Honor y Justicia bajo una modalidad de sesión permanente.
Actualmente, este órgano es convocado únicamente cuando concluye una investigación, cerrando sesión tras emitir una resolución.
Bajo el esquema vigente, si un elemento interpone un recurso legal o amparo se debe iniciar un nuevo proceso de convocatoria para responder, lo que extiende los plazos jurídicos.
En ese sentido, el secretario estatal de Seguridad Ciudadana explicó que los procedimientos ya se encuentran previstos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como en la legislación estatal y en los ordenamientos municipales.
Cada corporación cuenta con mecanismos formales para atender conductas irregulares bajo un marco normativo claramente establecido.
De esta manera, Gómez Torres enfatizó que los elementos policiales, cuando son señalados por presuntas irregularidades, tienen derecho a la defensa y al debido proceso.
El procedimiento inicia en el área de Asuntos Internos que realiza la investigación preliminar para determinar si existe responsabilidad.
Posteriormente, el caso se turna al Consejo de Honor y Justicia, órgano encargado de evaluar la conducta y, en su caso, imponer sanciones disciplinarias.
Además, dijo que los policías están sujetos a distintos regímenes jurídicos, por ejemplo, el régimen disciplinario resuelto por el Consejo de Honor y Justicia, y el régimen administrativo, a través de la justicia administrativa.
Así como la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y en el ámbito penal, cuando la conducta constituye delito, con intervención de las fiscalías y del Poder Judicial.
En este último supuesto, el secretario abundó que los casos se remiten a la Fiscalía General del Estado o a la autoridad ministerial competente.
Gómez Torres subrayó que los plazos procesales están claramente establecidos en la ley, ya que el respeto al debido proceso es indispensable para evitar nulidades que históricamente provocaban la pérdida de casos y generaban consecuencias económicas adversas para el estado.
Agregó que cuando un elemento comete una falta grave que represente riesgo para la sociedad, Asuntos Internos puede solicitar al Consejo Disciplinario una suspensión temporal de funciones mientras se desarrollan las investigaciones.
Esta medida cautelar busca evitar que el elemento continúe patrullando o desempeñando funciones operativas hasta que se emita una resolución definitiva.
Con ello, se garantiza un equilibrio entre disciplina institucional, protección ciudadana y respeto irrestricto a los derechos de los propios elementos policiales.
