- Expone la senadora Anahí González dos dictámenes orientados a armonizar el marco legal contra las violencias y a garantizar la igualdad sustantiva de las mujeres rurales.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- En sesión del Pleno del Senado, la senadora Anahí González fijó la postura de la Comisión para la Igualdad de Género y presentó dos dictámenes aprobados en comisiones unidas con Estudios Legislativos, encaminados a reforzar la protección jurídica de las mujeres y consolidar su derecho a una vida libre de violencia.
La intervención se dio en el contexto de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, donde la legisladora subrayó la necesidad de traducir los avances normativos en condiciones reales de igualdad y seguridad para todas, tanto en zonas urbanas como rurales.
El primer dictamen plantea reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, con el propósito de armonizarla con la creación de la Secretaría de las Mujeres como instancia rectora en la materia.
La propuesta actualiza disposiciones para fortalecer la prevención estructural, mejorar la coordinación institucional y reconocer de manera más amplia las distintas manifestaciones de violencia.

El segundo dictamen modifica la Ley General para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, con énfasis en la inclusión plena de las mujeres rurales.
La iniciativa establece obligaciones específicas para autoridades agrarias y de desarrollo rural, e incorpora acciones diferenciadas orientadas a reducir brechas históricas en el acceso a recursos, oportunidades productivas y toma de decisiones en el ámbito comunitario.
Durante su exposición, González destacó que ambas reformas buscan consolidar un marco jurídico coherente con los cambios impulsados en los últimos años en materia de paridad, igualdad sustantiva y combate a la brecha salarial.
Señaló que el objetivo es garantizar que los derechos reconocidos en la ley se reflejen en la vida cotidiana de las mujeres.
Asimismo, afirmó que la agenda de igualdad requiere fortalecer las instituciones encargadas de prevenir y atender la violencia, así como diseñar políticas públicas que respondan a las condiciones específicas de cada territorio.


