Zósimo Camacho
El pasado 18 de febrero, en la sede del Tribunal Superior Agrario (TSA), en la Ciudad de México, se resolvió disponer de 2 mil 651 hectáreas de selva del pueblo zoque de Santa María Chimalapa, Oaxaca. El territorio, determinó el máximo órgano de la justicia agraria, debe entregarse al ejido Canaán, Chiapas.
Con este fallo (correspondiente al expediente 62/2025), los indígenas zoques pierden la esperanza de obtener justicia de las instancias agrarias del país. La sentencia del TSA confirma lo ya determinado en su momento por el Tribunal Unitario Agrario con sede en Tuxtepec: que las tierras deben reconocerse al ejido que se creó mediante la resolución presidencial de Miguel de la Madrid Hurtado. Otra disputa enfrenta al pueblo zoque con el ejido también chiapaneco Rafael Cal y Mayor por los mismos motivos (expediente 63/2025).
Con estos fallos, los tribunales agrarios buscan legalizar un error administrativo: los terrenos que tituló el primer gobierno neoliberal del país en favor de dos ejidos ya tenían dueño legítimo. Tanto así que las tierras en disputa están en Oaxaca y no en Chiapas, de donde son los dos núcleos agrarios favorecidos. Es decir, los magistrados pasaron por alto la ilegalidad de origen de constituir ejidos con tierras reconocidas a otra comunidad.
Artífice de la resolución fue la magistrada Maribel Concepción Méndez de Lara, a cargo del asunto. Le acompañaron en su propuesta los magistrados Alberto Pérez Gasca y Claudia Dinorah Velázquez González. En contra se manifestaron los magistrados Guadalupe Espinosa Sauceda y Larissa Ortiz Quintero. Así, en votación dividida, el TSA determinó que las tierras pertenecen a Canaán y que se deberá pagar una indemnización a Santa María Chimalapa… Si las tierras no fueran de los zoques, ¿por qué habría que indemnizarlos?
Lo que está determinando el TSA es que la dotación de tierras de 1987 en favor de Canaán debe privar sobre todos los reconocimientos previos en favor de Santa María Chimalapa, tanto los de la época de la Colonia como la titulación de 1967. Así, de un plumazo se legaliza un error y se anulan derechos históricos reconocidos por el propio Estado mexicano. ¿Dónde queda la “seguridad jurídica”, tan llevada y traída?
Lejos de devolver la tierra a sus legítimos dueños, los tribunales agrarios legalizan despojos y atentan contra la propiedad comunal de la tierra. Por irresponsabilidad, ignorancia o posición ideológica, una mayoría de magistrados agrarios desaprovechan la oportunidad de construir una nueva relación con los pueblos, tribus y naciones que conforman originariamente el país. Más aún, con este tipo de fallos se ignora la historia y los derechos constitucionales e internacionales de los pueblos indígenas.
Cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2021 determinó a favor de Oaxaca el “conflicto limítrofe interestatal” con el que se quiso justificar la disputa entre núcleos agrarios. Y ahora el TSA actúa como si esa resolución no existiera.
El pueblo zoque de Oaxaca habita el Istmo, en tres comunidades, dos de ellas consideradas “extendidas”: San Miguel Chimalapa y Santa María Chimalapa. Se nombran a sí mismos los angpøn, los que hablan la lengua. Resguardan una identidad y cultura milenaria. Son descendientes de los primeros domesticadores del maíz. Y protegen también uno de los pulmones más ricos del hemisferio Norte del Continente: selvas altas, medias y bajas; bosques de niebla y pino-encino. Se le considera el mayor hogar del jaguar. La biodiversidad no es un concepto abstracto en los Chimalapas; es el suelo que se pisa, el aire que se respira.
¿Acaso los intereses madereros e inmobiliarios que ya han talado 50 mil hectáreas del lado de Chiapas son los que escucha la magistrada Méndez de Lara y sus acompañantes en los votos?
Hoy, es cierto, la lengua zoque se escucha menos que antes. Pero vive el rumor del tambor, el olor del copal en las mayordomías, el paso firme de quienes siguen danzando para que el mundo no se acabe. Para los “chimas” la memoria se baila, se siembra… se defiende.
Este lunes 2 de marzo, comuneros de Santa María Chimalapa retuvieron al procurador Agrario, Víctor Suárez Carrera. Luego de que el funcionario federal acudiera a celebrar una asamblea informativa sobre el fallo del TSA, se le “invitó” a quedarse en la población.
Los diálogos sostenidos por el procurador desactivaron una propuesta de la asamblea de ir a desalojar a los núcleos agrarios chiapanecos asentados en el territorio de Santa María Chimalapa. Y se acordó seguir con las pláticas en la Ciudad de México este lunes: una reunión con el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, y una Mesa de Trabajo presidida por la Secretaría de Gobernación, en la que participen también los titulares de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; la Procuraduría Agraria; el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y la Comisión Nacional Forestal.
Estará por verse qué posición asume el ministro presidente de la Corte, el indígena mixteco Aguilar Ortiz, ante un asunto que, en efecto, es técnico y, sobre todo, de justicia. También, qué criterios deben privar en los tribunales agrarios frente a resoluciones presidenciales: ¿es posible o no dejarlos sin efectos?
Por verse si se apagará el fuego en los Chimalapas y si, por fin y antes de que los focos rojos se reactiven, se vuelve la vista a lo que ocurre en los tribunales agrarios.
