José Réyez
El homicidio ya no es el único termómetro de la guerra. Especialistas revelan que, ante la presión por mostrar resultados, el gobierno ha desplazado y ocultado la violencia letal bajo otras categorías, mientras el tejido social se desgarra por dentro.
La narrativa oficial lo repite con la precisión de un mantra: los homicidios dolosos van a la baja. Las gráficas muestran una línea descendente desde los picos de 2018 a 2020, acercándose a una tasa nacional de 26 por cada 100 mil habitantes.
En la Universidad Iberoamericana, una treintena de especialistas en seguridad, periodismo y derechos humanos se reunieron para desmontar esa ficción.
Lo que encontraron no es una caída de la violencia, sino una mutación profunda y aterradora: la guerra en México ha aprendido a camuflarse en las bases de datos.
“La reducción de homicidios no es paz”, sentenció Claudio Lomnitz, antropólogo de la Universidad de Columbia, en la conferencia magistral que abrió las Terceras Jornadas para la Reducción de la Violencia Homicida.
Su advertencia fue el hilo conductor de tres días de diálogo entre académicos de El Colegio de México, la Ibero y México Evalúa: el gobierno ha confundido la medición de delitos con la comprensión de la violencia.
El resultado es un sistema perverso donde los cuerpos dejan de contar, las desapariciones se disparan y el Estado, en muchos territorios, se funde con el crimen.
El caso de Zacatecas, presentado por el investigador Jairo Antonio López, es un manual de cómo se escribe la paz sobre papel mojado. Entre 2021 y 2023, el estado registró la tasa de homicidios más alta del país.
La respuesta fue el envío de militares: el operativo Zacatecas II y la creación de las Fuerzas de Reacción e Intervención de Seguridad (FRIS), una corporación que los lugareños bautizaron como “el cártel de las FRIS”. El resultado fue paradójico: los homicidios comenzaron a descender, pero las desapariciones se dispararon hasta duplicar la media nacional.
El patrón se replicó como un eco. En Jalisco, mientras los homicidios dolosos caían un 32% entre 2024 y 2025, las personas desaparecidas aumentaron un 231%, el homicidio culposo creció un 7.6% y el feminicidio un 3.2%.
“No existe política pública alguna que explique esa reducción”, denunció Armando Vargas, de México Evalúa. La conclusión es escalofriante: la violencia no desaparece, se reclasifica. Un cadáver con seis impactos de bala puede terminar en la estadística como “accidente” o “suicidio” si el certificado de defunción carece del tecnicismo forense necesario.
Elena Azaola, del CIESAS, expuso la punta del iceberg forense en la capital del país. En 2023, la categoría “no se pudo determinar el mecanismo de muerte” alcanzó el 35% de las muertes violentas en la Ciudad de México, cinco veces el promedio nacional.
Miles de cuerpos, muchos con heridas de bala, fueron imposibles de clasificar como homicidio. Al año siguiente, esa categoría se desplomó un 99%, pero los “accidentes” crecieron un 82% y los “suicidios” un 61%. “¿Les suena lógico?”, preguntó Azaola a la audiencia, dejando en el aire la evidencia de una maquinaria burocrática que reacomoda cadáveres para que cuadren con la narrativa oficial.
En los servicios forenses, mientras tanto, tres cuerpos al día son enviados a la fosa común sin identificar, convirtiendo a sus familias en parte de la creciente lista de buscadores.
Pero la crisis va más allá de las estadísticas. En el Triángulo del Huachicol, en Guanajuato, el antropólogo Julio Ulises Morales documentó lo que denomina una “necrozona”: un territorio donde la institucionalidad formal está “capturada o subordinada a las lógicas delictivas”.
Ahí, en una de las regiones más industrializadas del país la violencia no es un accidente, sino un sistema de gobierno.
Los testimonios etnográficos describen una coreografía macabra: la policía se retira minutos antes de una masacre, las bases militares tardan casi una hora en responder a un ataque a trece minutos de distancia.
“La muerte no interrumpe la vida cotidiana, sino que la organiza”, relata Morales. Los jóvenes viven bajo la espada de Damocles de ser víctimas y perpetradores a la vez, en un entorno donde las opciones, según un testimonio, se reducen a “aceptar nuestro destino o encerrarnos”.
Esa ambigüedad entre perpetrador y víctima se profundiza en el reclutamiento criminal. Marisol Ochoa, de la Ibero, presentó su trabajo etnográfico en Reynosa, Tamaulipas, donde documentó cómo las organizaciones han adaptado su logística al perfil de sus nuevos soldados: las armas se han vuelto más ligeras para que los adolescentes puedan cargarlas.
El reclutamiento opera como una promesa de pertenencia en un “territorio desvanecido”, donde la desigualdad se vive como un agravio personal. “El anhelo de ser reconocido”, explicó Ochoa, es el anzuelo. Y cuando el adolescente, atrapado en un ciclo de deuda y violencia, intenta cambiar de bando, se convierte en “chapulín”, un traidor cuyo destino es la muerte.
El horror se replica en las plataformas digitales. Alejandra Arias, de El Colegio de México, reveló cómo los algoritmos de TikTok amplifican el reclutamiento, dirigiendo contenido de grupos criminales a jóvenes vulnerables.
El asesinato de quienes construyen paz se ha convertido en una función más del sistema criminal. Carlos López Buburrón presentó un registro desgarrador.
33 personas buscadoras asesinadas entre 2010 y 2025, 21 de ellas a partir de 2021. La mayoría son mujeres que, tras la desaparición de un hijo, salen a buscarlo y terminan siendo un estorbo para el poder criminal. Su muerte produce lo que los expertos llaman “cadenas de orfandad”: niños que perdieron a su madre por desaparición y a su abuela por asesinato.
La violencia contra periodistas, documentada por Artículo 19, suma 175 asesinatos desde el año 2000, con un 85% de impunidad. Pero el dato más punzante lo aportó María de Vecchi: “Hay policías que en la mañana son policías y en la tarde son parte del crimen organizado”.
El 45% de las agresiones contra la prensa son cometidas por autoridades. La frontera entre el Estado y el hampa, asumida como un límite infranqueable en los discursos oficiales, en los territorios es una línea de puntos.
Ante este panorama, la jornada concluyó con una reflexión amarga: la prevención es la gran promesa incumplida. Mientras la evidencia internacional respalda que invertir en educación, salud y cohesión social reduce la violencia, los ciclos políticos de tres y seis años castigan la visión de largo plazo y premian los operativos de impacto inmediato.
