- El mando naval enfrenta acusación por presuntamente dirigir una organización que controlaba el huachicol fiscal desde las aduanas.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Una jueza federal ordenó reabrir por tres meses la investigación complementaria contra el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, en la acusación que enfrenta por presuntamente dirigir una organización que controlaba el huachicol fiscal desde las aduanas.
La orden se da luego que la Fiscalía General de la República (FGR) se negara de forma reiterada a entregar a la defensa la carpeta completa del caso, consideró la impartidora de justicia.
La resolución fue emitida por la jueza Mariana Vieyra Valdés, del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez (Altiplano), tras una audiencia de tutela de derechos promovida por la defensa del mando naval.
A inicios de mes, la jueza dio un plazo de cinco días a la FGR para darle a la defensa del vicealmirante el acceso completo a la carpeta de investigación que lo mantiene preso en el penal del Altiplano, lo que no se llevó a cabo.
Con esto, la juzgadora determinó que la negativa de la FGR a transparentar el expediente vulnera el derecho de defensa, por lo que ordenó permitir el acceso íntegro a la carpeta de investigación.
Además, entregar un inventario completo de tomos, anexos, discos y registros, además de facilitar la revisión de evidencia digital por peritos de la defensa.
La causa penal 325/2025 estaba en etapa avanzada, pero la falta de acceso a las constancias clave impidió a los abogados preparar su estrategia, informó el despacho de Epigmenio Mendieta.
Con la resolución, el proceso regresa a fase de investigación complementaria por un periodo adicional de tres meses, lo que abre la puerta a una nueva revisión de pruebas.
Igualmente, cuestione actos ministeriales y eventualmente pueda solicitar nuevas diligencias.
La defensa ha solicitado de manera reiterada a la fiscalía informar por escrito cuántos tomos, anexos, cuadernillos, técnicas de investigación y demás documentos integran la carpeta de investigación, con la obligación de entregar la totalidad a la defensa.
“Este acceso deberá incluir la presencia de peritos particulares, quienes podrán acompañar a los abogados en la revisión del expediente, debiendo solicitar las citas correspondientes por correo electrónico o por escrito para que quede constancia formal de dichas solicitudes”, ordenó el juzgado desde el 4 de marzo.
En su resolución, Vieyra Valdés puntualizó que dentro del plazo citado, la FGR deberá citar a la defensa para cotejar los tomos testados con los documentos originales y permitirle que revise la información íntegra para tomar sus notas.
Además, ordenó a la fiscalía emitir los acuerdos pendientes de todos los actos de investigación solicitados por los abogados y remitir los respectivos oficios a la Secretaría de Marina y a la Agencia Nacional de Aduanas de México, diligencias que habían sido previamente solicitadas.
Derivado de diversas solicitudes de la defensa que no habrían recibido acuerdo formal de la FGR, Mariana Vieyra determinó un mecanismo de auxilio judicial para revisar de manera puntual el seguimiento de dichas peticiones.
Además, la defensa deberá informarle a la jueza todos los actos de investigación solicitados y la fiscalía tendrá la obligación de reportarle cómo atendió cada uno de ellos, para que ella revise punto por punto la actuación de la FGR.
El vicealmirante fue detenido en Salina Cruz, Oaxaca, el 2 de septiembre pasado, con base en una orden de aprehensión por delincuencia organizada al cometer supuestos delitos en materia de hidrocarburos, y desde entonces está preso en el penal del Altiplano.
Al también sobrino político del exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda, la FGR le imputa liderar una supuesta red de corrupción de marinos en las aduanas que permitió el desembarco de 31 buques con huachicol fiscal en Altamira y Tampico, entre 2024 y 2025.
