- La toma de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) por parte de trabajadores sindicalizados evidenció un problema de fondo en la administración estatal: el incumplimiento de laudos laborales y resoluciones judiciales que ordenan su reconocimiento como personal de base.
JORGE GONZÁLEZ
XALAPA, VER.- La toma de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) por parte de trabajadores sindicalizados evidenció un problema de fondo en la administración estatal: el incumplimiento de laudos laborales y resoluciones judiciales que ordenan su reconocimiento como personal de base.
Los manifestantes, integrantes del Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo de Veracruz (Sepev), exigen la regularización de 38 trabajadores que, aseguran, cuentan con fallos firmes a su favor emitidos por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, así como amparos federales que respaldan su demanda.
Pese a contar con resoluciones judiciales, los trabajadores denuncian que éstas no han sido ejecutadas por la dependencia, lo que prolonga su situación de inestabilidad laboral y limita su acceso a derechos como seguridad social, prestaciones e incorporación al Instituto de Pensiones del Estado.
El señalamiento apunta a una práctica que especialistas han advertido en distintos niveles de gobierno: la dilación o incumplimiento de laudos laborales, aun cuando éstos son de carácter obligatorio.
De acuerdo con el sindicato, desde febrero solicitaron una mesa de diálogo con el titular de la SIOP sin obtener respuesta, lo que derivó en la protesta y el cierre de oficinas como medida de presión.
La ausencia de canales efectivos de interlocución institucional, señalaron, obliga a los trabajadores a recurrir a movilizaciones para exigir el cumplimiento de derechos previamente reconocidos por instancias legales.
Los empleados involucrados refieren haber laborado por más de una década bajo esquemas eventuales o irregulares, una condición que, sostienen, contrasta con la obligación legal de reconocer su antigüedad y estabilidad laboral.
Este tipo de situaciones expone una brecha entre el marco legal y su aplicación práctica, donde resoluciones favorables no necesariamente se traducen en garantías efectivas.
El caso de la SIOP se suma a otros conflictos laborales en Veracruz relacionados con la ejecución de laudos, lo que revela deficiencias estructurales en la gestión del empleo público, particularmente en materia de regularización, transparencia y cumplimiento normativo.
En este contexto, la protesta no sólo representa una demanda puntual, sino también un cuestionamiento al funcionamiento de las instituciones encargadas de garantizar los derechos laborales dentro del propio aparato gubernamental.
