- La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma al artículo 127 de la Constitución, que pone límite a las pensiones y jubilaciones y establece la aplicación retroactiva de las nuevas disposiciones.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma al artículo 127 de la Constitución, que pone límite a las pensiones y jubilaciones y establece la aplicación retroactiva de las nuevas disposiciones.
La minuta que envió el Senado establece que los extrabajadores de confianza de organismos y empresas públicas no podrán recibir jubilaciones o pensiones superiores a la mitad de la remuneración de la persona titular de la Presidencia de la República. Los diputados emitieron 458 votos a favor.
El proyecto exenta de este límite a las Fuerzas Armadas, los haberes de retiro vigentes y a las pensiones y jubilaciones que se constituyan a partir de aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro para el retiro, a partir de aportaciones sindicales y las no contributivas.
Establece también que las nuevas disposiciones serán aplicables a las jubilaciones y pensiones que se hayan otorgado con anterioridad.
Aunque la bancada del PAN presentó una moción suspensiva, la mayoría rechazó frenar la discusión en el Pleno, mientras jubilados de Pemex, CFE, Banobras y Luz y Fuerza del Centro protestaban afuera del Palacio Legislativo e incluso intentaban ingresar a la fuerza.
La diputada de Morena, Haidyd Arreola, afirmó que la reforma es una solución clara y jurídicamente consistente a un sistema de pensiones que presenta profundas desigualdades en el acceso y montos percibidos.
Rechazó que las modificaciones contravengan el principio de irretroactividad, ya que, de acuerdo con jurisprudencia de la Corte, las reformas constitucionales pueden incidir sobre situaciones jurídicas preexistentes cuando así lo determine el poder reformador, sin que eso implique una violación al principio de seguridad jurídica.
El también morenista Manuel Vázquez Arellano aseguró que la reforma también responde a un problema de sostenibilidad, toda vez que el país gasta más de 2.3 billones de pesos, equivalente al 23 por ciento del presupuesto público en pensiones.
Aclaró que el problema no es que se gaste en los trabajadores, sino que esos recursos se concentran en unos cuantos. Como ejemplo, dijo que el padrón de extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro es de más de 14 mil, de los cuales, cerca del 67 por ciento recibe pensiones que van de los 100 mil a casi un millón de pesos, aunque no especificó cuántos llegan a esta última cifra.
La panista Margarita Zavala dijo que, aunque su bancada está en contra de las llamadas pensiones doradas, “es reprobable y perverso” que la mayoría apruebe violar derechos humanos desde la Constitución.
Afirmó que la reforma violenta el derecho humano a la no retroactividad establecido en el artículo 14 constitucional y, aunque reconoció que en el Senado ésta fue avalada por unanimidad, acusó que los legisladores emitieron su voto con información imprecisa e incluso falsa, porque las bases de datos dadas a conocer por el gobierno federal sobre el monto de pensiones en empresas del Estado fueron corregidas el 17 de marzo pasado.
“Si hoy se permite que desde la Constitución se violente el principio de la irretroactividad, si hoy se permite que desde la Constitución, sin estudiar lo suficiente, se elimine derechos adquiridos con base en información imprecisa, incluso falsa, entonces ningún derecho estará a salvo, ni la pensión, ni el ahorro, ni el patrimonio”, advirtió.
La legisladora subrayó que, sin razón alguna, las modificaciones colocan en el mismo cajón a todos los trabajadores y excluye a otros servidores públicos, como el exministro Arturo Zaldívar quien, dijo, a lo mejor hizo la iniciativa de la presidenta.
El priista César Domínguez informó que su bancada está a favor de eliminar privilegios, pero no a costa de derechos adquiridos, de la Constitución, de la seguridad jurídica de miles de personas y de aceptar que ningún derecho en México está garantizado.
El diputado advirtió que la reforma puede ser una “bomba legal” porque abre la puerta a litigios masivos, rompe la certeza jurídica, la confianza en el Estado y el pacto social.
Afirmó que las modificaciones son el reflejo de un gobierno que ya no sabe de dónde sacar dinero y está dispuesto a tomarlo de donde sea, incluso violando la Constitución.
“El problema financiero del país no es sólo el tema de pensiones, el problema financiero del país es la mala administración que tienen, son las decisiones equivocadas y es la falta de responsabilidad fiscal. Tengan el valor de reconocerlo, en lugar de construir una narrativa para justificar que tienen al país quebrado”, demandó.
La diputada Iraís Reyes, de Movimiento Ciudadano, indicó que, en general, su bancada está de acuerdo con el planteamiento de la reforma; sin embargo, usar como parámetro el salario presidencial es una referencia política discrecional, no un indicador técnico.
*Con información de Agencia Reforma
