- El Congreso de Veracruz autorizó al Ejecutivo vender nueve aeronaves estatales para reducir costos y obtener recursos adicionales.
JORGE GONZÁLEZ
XALAPA, VER.- El Congreso del Estado de Veracruz autorizó al Poder Ejecutivo la enajenación de nueve aeronaves propiedad del gobierno estatal, como parte de una estrategia para reducir costos operativos y obtener recursos adicionales para el ejercicio fiscal en curso.
La aprobación se dio por mayoría en sesión del Pleno, tras el análisis de un dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, luego de que el Ejecutivo presentara formalmente la solicitud a inicios de abril.
De acuerdo con el resolutivo, se trata de tres aviones y seis helicópteros que actualmente se encuentran en distintos puntos del país, incluyendo hangares en la Ciudad de México, Nuevo León y el aeropuerto de El Lencero, en el municipio de Emiliano Zapata.
El valor comercial estimado del conjunto asciende a poco más de cinco millones de dólares, equivalente a cerca de 90 millones de pesos, aunque el dictamen no detalla el avalúo individual de cada aeronave, lo que ha sido uno de los principales puntos de cuestionamiento.
Entre los modelos considerados para su venta se encuentran unidades tipo Bell 407, Bell 430, Airbus Helicopter y aeronaves Hawker Beechcraft King Air B-200, utilizadas en administraciones anteriores para traslados oficiales, tareas de seguridad y apoyo logístico.
Legisladores del bloque mayoritario respaldaron la medida al señalar que varias de estas aeronaves se encuentran en desuso o implican altos costos de mantenimiento, resguardo y operación, lo que representa una carga para las finanzas públicas.
En ese sentido, sostuvieron que la enajenación permitirá optimizar el uso de los recursos y redirigirlos hacia rubros prioritarios, como inversión pública y atención de necesidades emergentes.
El dictamen establece que los ingresos obtenidos deberán destinarse a gastos contingentes no previstos y a proyectos de inversión, en función de las prioridades definidas por la administración estatal.
Sin embargo, la decisión generó críticas por parte de legisladores de oposición, quienes advirtieron la falta de información detallada sobre el estado físico, avalúo específico y condiciones de venta de cada aeronave.
Señalaron que esta omisión podría abrir la puerta a procesos poco transparentes o a la eventual venta de los bienes por debajo de su valor real, en detrimento del patrimonio público.
También cuestionaron la ausencia de un plan claro sobre el mecanismo de subasta o licitación, así como los criterios que se utilizarán para garantizar condiciones de competencia y rendición de cuentas.
La autorización forma parte de una política más amplia del gobierno estatal orientada a la depuración del inventario de bienes públicos, con el objetivo de reducir gastos operativos y mejorar la eficiencia administrativa.
En la misma sesión legislativa, se avaló también la enajenación de vehículos oficiales en desuso y la donación de algunos bienes a instituciones de servicio público, como el Cuerpo de Bomberos.
La venta de las aeronaves coloca en el centro del debate el equilibrio entre la necesidad de sanear las finanzas públicas y la obligación de garantizar procesos transparentes en la gestión del patrimonio estatal.
