- El director del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval, afirmó que las finanzas son sanas pese a denuncias de irregularidades, respaldado por 26 auditorías.
STAFF / AR
CIUDAD DE MÉXICO.- En medio de denuncias por mal uso de recursos públicos, corrupción y poca transparencia en el gasto de la partida estudiantil asignada al Instituto Politécnico Nacional (IPN), el director, Arturo Reyes Sandoval, aseguró que -de acuerdo con 26 auditorías- en la casa de estudios prevalecen finanzas sanas.
Pese a las acusaciones que dieron origen a una jornada de protestas y paros en los planteles del Politécnico, el director sostuvo que en seis años de su gestión ha recibido pocas observaciones.
Aseguró que entre 2025 y 2026, la Auditoría Superior de la Federación, el Órgano Interno de Control (OIC) y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y despachos externos han realizado 16 revisiones a la administración central del IPN, incluida la Dirección General.
También, que previo a su administración -desde diciembre de 2020- la institución fue escrutada en al menos 16 ocasiones.
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“(A quienes exigen auditorías desde el 2020) están hechas desde ese año. En el Gobierno federal, donde nos incluimos como Politécnico, creo que somos de los más auditados, de los organismos que más control tienen”, defendió ante una audiencia con estudiantes consejeros el pasado 22 de abril y que se hizo pública hasta ayer.
La Escuela Superior de Economía (ESE) y la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas se han mantenido en paro estudiantil tras acusar malversación de fondos, pagos atrasados para becas de licenciatura y posgrado, déficit de suministros e infraestructura en laboratorios, además de servicios básicos -como agua, mantenimiento y conexión a internet- insuficientes.
En respuesta, Reyes se limitó a enumerar las ocasiones en las que el ejercicio y cuenta del presupuesto escolar ha sido investigado.
Arturo Reyes Sandoval insistió en que este 2026, espera ocho auditorías para la institución, entre ellas una relacionada con ciberseguridad de infraestructuras críticas y otra de fiscalización a la gestión financiera de recursos públicos federales.
