- En el rubro de la corrupción, el Congreso del estado aprobó reformas que armonizan el marco legal local con la legislación federal y reconfigura las denominaciones de los órganos autónomos de fiscalización.
EUGENIO PACHECO
CHETUMAL, Q. ROO.– En el rubro de la corrupción, el Congreso del estado aprobó reformas que armonizan el marco legal local con la legislación federal y reconfigura las denominaciones de los órganos autónomos de fiscalización.
Además, con las reformas a la Ley del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo ordena la renovación total y escalonada de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPCQ).
El diputado Santiago Frías, presidente de la Comisión de Órganos Autónomos y Anticorrupción, explicó que, tras la publicación del decreto en el Periódico Oficial del Estado, el Congreso dispondrá de un plazo de 30 días para elegir a una nueva Comisión de Selección.
Este órgano, cuyo periodo de funciones se redujo de cinco a tres años para garantizar una rotación más frecuente de visiones académicas y de la Sociedad Civil, será el encargado de emitir la convocatoria pública para sustituir a la totalidad de los integrantes actuales del CPCQ.
Para cumplir con la alternancia que establece el artículo 19 de la Ley del Sistema Anticorrupción, los cinco nuevos integrantes del comité ciudadano serán designados por única ocasión de manera escalonada para periodos de uno, dos, tres años, respectivamente.
El legislador detalló que la reforma también aplica los principios constitucionales de austeridad y racionalidad presupuestaria en las remuneraciones del organismo.
El esquema de financiamiento del CPCQ, que anteriormente contaba con una asignación fija de seis millones de pesos anuales bajo un modelo de prestación de servicios, se reestructurará mediante un tabulador regulado basado estrictamente en el pago de honorarios.
Esta nueva legislación endurece las restricciones para los aspirantes; se amplió la prohibición de haber ocupado cargos públicos de alto nivel —incluyendo subsecretarías y vice fiscalías— durante los dos años previos a la designación.
También se incorporó como requisito obligatorio la iniciativa “3 de 3” contra la violencia de género.
Impide la elegibilidad de cualquier persona que cuente con sentencia firme por delitos de violencia familiar, delitos sexuales, violencia política de género o que se encuentre inscrita en el registro de deudores alimentarios morosos.
El dictamen técnico formaliza una reingeniería institucional que actualiza la denominación y competencias de las dependencias clave del sistema de contrapesos en la entidad, entre ellos la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (en sustitución de la Secretaría de la Contraloría del Estado).
Así como el Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción y el Tribunal de Disciplina Judicial (en relevo del anterior Tribunal de Justicia Administrativa y del extinto Consejo de la Judicatura).
Además de la integración de Instituto Quintanarroense de Transparencia para el Pueblo (en sustitución del anterior órgano garante de acceso a la información).
