- Inició el juicio político contra Samuel García, un proceso que podría culminar el 12 de agosto con una votación en el Congreso para decidir su desafuero.
STAFF / AR
MONTERREY, NL.- Al arrancar hoy el juicio político contra el Gobernador Samuel García por la presunta triangulación de recursos públicos que habrían terminado en un despacho ligado a él y a su familia, comenzará a definirse una ruta que apunta a que el 12 de agosto se celebre un periodo extraordinario del Pleno del Congreso para votar su desafuero.
De acuerdo con un plan de trabajo que se maneja en el Legislativo, y conforme a lo establecido en la Ley de Juicio Político, el proceso contra el Ejecutivo se desarrollaría en un plazo de dos meses.
Hoy, la Comisión Anticorrupción del Congreso sesionará a las 11:00 horas para, con base en una denuncia presentada el lunes por Anabel Alcocer, dirigente estatal de Morena, iniciar un juicio político contra el Mandatario por “presuntos actos u omisiones que dañan gravemente los intereses públicos fundamentales”.
La solicitud fue admitida el miércoles por la Diputación Permanente y turnada con carácter de urgente a la Comisión Anticorrupción, que convocó a sesión para hoy.
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De acuerdo con la ruta jurídica, la Comisión avalaría el acuerdo de procedencia del juicio y emitiría un oficio para que el Gobernador comparezca personalmente, por escrito o a través de un representante legal en cinco días hábiles, por lo que dicha etapa tendría que desahogarse a más tardar el 22 de junio.
Ese mismo día, la Comisión reanudaría su sesión, daría cuenta de la comparecencia o del escrito remitido por el Ejecutivo e iniciaría la etapa de diligencias e investigación, cuyo periodo de recepción de información concluiría el 8 de julio.
El 23 de julio se daría vista al contenido de los informes recibidos y, alrededor del 6 de agosto, se fijaría la fecha para la audiencia de pruebas y alegatos.
Según las estimaciones, la Comisión sesionaría el 10 de agosto para emitir el dictamen y, dos días después, la Diputación Permanente convocaría a un periodo extraordinario en el que el Pleno votaría la procedencia definitiva del juicio político y, con ello, el desafuero de García.
Sin embargo, todo el proceso dependerá de que Morena vote a favor de la medida y de que el Gobernador no promueva un amparo para frenarlo.
