POR KUKULKAN
QUÉ POCO dura la austeridad cuando la cuenta la paga el erario. Apenas se había enterrado con discursos y ceremonias el catálogo de privilegios de la vieja Suprema Corte, cuando en la nueva ya hubo quien consideró conveniente sacar la pala. Entre aquello que comienza a desenterrarse aparece el Seguro de Gastos Médicos Mayores, una prestación que parecía formar parte del pasado incómodo que los nuevos ministros juraron no reproducir.
LA PARADOJA merece un marco dorado. La Suprema Corte surgida de la reforma judicial se presentó como ruptura con los usos de aquella institución señalada durante años por salarios, prestaciones y beneficios considerados excesivos. El mensaje era sencillo: nuevos ministros, nuevas costumbres. Pero al presupuesto le dio amnesia. Seis integrantes del Pleno aprobaron incorporar al anteproyecto de 2027 una previsión para recuperar el seguro médico privado para parte del personal de la institución.
EN UN INTENTO de deslinde, la Corte aclaró que ministras y ministros quedan fuera y que la eventual contratación dependerá de los recursos que autorice la Cámara de Diputados. Precisión necesaria. Aunque también insuficiente para borrar la contradicción. Y es que hablamos de una prestación cuya eliminación había sido presentada como prueba de que los tiempos cambiaban. Si ayer quitarla significaba combatir privilegios, alguien tendrá que explicar mediante qué prodigio administrativo recuperarla dejó de serlo.
LA MINISTRA Lenia Batres se negó a acompañar la propuesta y puso sobre la mesa el detalle que vuelve incómodo el asunto: serían más de 300 servidores públicos, principalmente mandos medios y superiores, quienes podrían contar nuevamente con esa cobertura pagada con dinero público. Y entonces apareció Palacio Nacional. Claudia Sheinbaum cuestionó la decisión y dejó una frase difícil de superar hasta para el más aplicado de los columnistas: “algo pasa cuando entran ahí a ese edificio, como que se transforman”.
CRUEL diagnóstico para una Corte que todavía conserva olor a nueva. La presidenta planteó algo todavía más incómodo: los servidores públicos tienen ISSSTE y quien quiera contratar un seguro privado puede hacerlo con su propio salario. No parece una extravagancia revolucionaria. Millones de mexicanos hacen exactamente eso: utilizan los servicios públicos disponibles o pagan de su bolsillo alguna alternativa privada cuando sus ingresos se los permiten. La diferencia consiste en que ninguno puede enviarle después la factura al contribuyente.
ENTRE los defensores de la medida seguramente se encontrará vocabulario suficiente para vestirla: derechos adquiridos, condiciones laborales, competitividad institucional, previsiones presupuestales, protección del personal. El diccionario burocrático siempre ha tenido buenos sastres. Pero ninguna confección verbal resuelve la pregunta central: ¿para qué eliminar una prestación como símbolo del fin de los excesos si meses después se pretende recuperarla?
PEOR todavía porque no es el primer tropezón de imagen. A principios de año aparecieron las camionetas blindadas destinadas a los nueve ministros. La polémica creció hasta que terminaron prescindiendo de ellas. Ahora llega el capítulo de los seguros médicos. Para una Corte empeñada en demostrar que no se parece a la anterior, comienza a desarrollar una curiosa afición por sus antiguas comodidades. Tampoco vale cargar toda la factura moral sobre los trabajadores. Tener buenas prestaciones no constituye pecado alguno y aspirar a una atención médica de calidad es perfectamente legítimo.
EL PROBLEMA comienza cuando la austeridad cambia de definición dependiendo de quién recibe el beneficio. Durante años se construyó un discurso político según el cual los altos funcionarios debían vivir bajo parámetros más cercanos a los del ciudadano común. Esa vara fue utilizada sin contemplaciones contra la vieja Corte. Ahora corresponde aplicarla exactamente igual a quienes llegaron prometiendo sustituirla. Sin descuentos por simpatía. Sin cláusulas especiales por pertenecer al nuevo régimen judicial. Y sin la cómoda pirueta de llamar privilegio a lo que disfrutaban los anteriores y prestación laboral cuando pretende recuperarlo la nueva administración.
ENTONCES el problema deja de ser presupuestal y se convierte en uno de credibilidad. Los seis ministros que respaldaron esa previsión todavía pueden explicar por qué consideran indispensable destinar recursos públicos a esa cobertura. Están en su derecho. Pero tendrán que hacerlo frente a una sociedad a la que durante años se le explicó que precisamente esas prestaciones simbolizaban la distancia entre la élite judicial y el resto del país. La nueva Suprema Corte quería demostrar que había llegado para desmontar las costumbres de la vieja. Sería una ironía monumental que terminara restaurándolas por partes. Primero se archiva el privilegio. Después se cambia el nombre de la carpeta. Y finalmente se solicita presupuesto para volver a abrirla.
