Zósimo Camacho
La paraestatal más importante del país, Petróleos Mexicanos (Pemex), mantiene en sus filas a aproximadamente 12 mil 500 trabajadores clasificados como “de confianza”. Se trata de técnicos y profesionistas que, pese a desempeñar funciones fundamentales y acumular décadas de servicio, carecen de los derechos laborales plenos que la ley garantiza al resto de los trabajadores. Aunque ahora pueden afiliarse a sindicatos, no pueden participar en huelgas y sus condiciones de trabajo se negocian individualmente con el patrón. Cuando la empresa les “pierde la confianza” –causal discrecional y subjetiva– pueden ser despedidos sin mayores restricciones.
Esta figura jurídica, concebida originalmente para quienes desempeñan funciones de dirección, inspección o vigilancia, ha sido utilizada por Pemex –masivamente durante el periodo neoliberal– como un mecanismo para mantener a miles de empleados en un estado de precariedad permanente. El objetivo real es claro: no otorgar derechos plenos y facilitar los despidos cuando convenga a los intereses de la empresa. El año pasado, Pemex anunció “ajustes” a su estructura laboral y despidió a 650 de estos trabajadores. Entonces eran más de 13 mil. Ninguno de ellos contó con la protección de un contrato colectivo ni con la representación sindical que sí tienen sus compañeros de base.
Durante décadas, a estos trabajadores no se les permitió siquiera constituir una organización gremial. Tampoco pudieron afiliarse al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que aglutina a la mayoría de los empleados de la paraestatal. Hasta el 18 de marzo de 2008 lograron crear la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP) y, posteriormente, el Sindicato de Trabajadores Petroleros El Águila. Ambas organizaciones han asumido la defensa de los técnicos y profesionistas. Cuentan con registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Hoy la UNTyPP pasa por un periodo controversial, luego de la más reciente elección de su directiva. Las dos organizaciones luchan para alcanzar mayor representatividad y negociar un Contrato Colectivo de Trabajo para los trabajadores de los escalafones 1 al 41 que hoy Pemex trata como “de confianza”.
El caso de Juan Rovirosa Andrade es un ejemplo doloroso de esta inseguridad laboral. Rovirosa trabajó para Pemex durante 37 años y 358 días. Acumuló casi cuatro décadas de servicio, pero al momento de necesitar su jubilación por incapacidad permanente derivada de una enfermedad grave –cáncer, con hallazgos incidentales estructurales en el hueso ilíaco izquierdo y el ala izquierda del sacro, asociados a una masa de tejidos blandos abdominopélvica, con diagnósticos diferenciales que incluyen metástasis y tumores malignos óseos primarios– la empresa se negó a reconocerle su derecho.
La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje emitió un laudo el 8 de octubre de 2025 en el que determinó que Rovirosa acreditó la procedencia de su acción. La resolución condenó a Pemex a jubilarlo a partir del 4 de abril de 2018, fecha de presentación de la demanda, y a cubrirle 506 mil 737.57 pesos por concepto de prima de antigüedad, así como un millón 832 mil 451.18 pesos por pensiones jubilatorias dejadas de percibir, más los incrementos que la empresa haya otorgado a su personal jubilado en dicho periodo. El laudo también reconoció su antigüedad general de empresa de 37 años y 358 días, comprendida del 16 de julio de 1980 al 28 de junio de 2018.
Pero Pemex, a través de su apoderada Paulina Jasso Thirion, promovió un amparo directo contra el laudo. Los argumentos de la paraestatal revelan una estrategia sistemática para evadir sus obligaciones. Pemex sostiene que el trabajador reclamó prestaciones contradictorias –reinstalación y jubilación– y que la Junta debió prevenirle para aclarar su demanda. También argumenta que los dictámenes médicos no fueron valorados correctamente y que la condena al pago de incrementos debe regirse por el reglamento vigente al momento en que se generen, no por el que estaba en vigor cuando se otorgó la pensión.
Lo más grave es que Pemex insiste en que el problema de salud de Rovirosa –que, insistimos, incluye metástasis y tumores malignos óseos primarios– se soluciona con un stent, un dispositivo que se utiliza para tratar problemas vasculares, no cáncer de tejidos blandos. La empresa ha llegado al extremo de argumentar que el trabajador es “apto para la vida” y que su enfermedad puede ser curada con ese tratamiento, una afirmación que contradice no sólo la evidencia médica, sino el sentido común.
La propia familia de Rovirosa ha mostrado fotos del trabajador: postrado en cama, con deformidades en la cara producidas por tumores y un aspecto de debilidad y deterioro generalizado.
Tres dictámenes médicos coinciden en que Rovirosa no es apto para laborar. Dos de ellos –el del perito de la parte actora y el presentado de manera imparcial por la propia Junta Federal de Conciliación y Arbitraje– son coincidentes. Incluso el peritaje de Pemex, elaborado con la información del expediente clínico que la empresa resguarda, reconoce que el trabajador padece metástasis y tumores malignos óseos primarios. Sin embargo, la paraestatal promovió el amparo alegando que Rovirosa no reúne el tiempo mínimo de servicio para jubilarse, cuando el reglamento creado por la propia Pemex exige apenas 20 años de antigüedad.
Resulta que la Junta Doce de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje amparó a Pemex en febrero de 2026. Y sólo obligó a la paraestatal a pagar 73 mil 646.29 pesos “por conceptos de diferencias de salarios, aguinaldo y prima vacacional”.
El artículo 82, Regla IV del Reglamento de Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias es claro: el personal que acredite un mínimo de 20 años de servicios y justifique estar incapacitado previo dictamen del médico del patrón por riesgo no profesional para desempeñar su puesto de planta, tendrá derecho a ser jubilado. Rovirosa acreditó 37 años. La incapacidad está probada por tres dictámenes. Pero Pemex insiste en negarle su derecho.
El caso de Rovirosa demuestra que, aunque pasen décadas trabajando para la empresa, estos empleados nunca alcanzan los derechos plenos que sí tienen los trabajadores afiliados al Sindicato Petrolero.
La situación de los trabajadores de confianza en Pemex es un recordatorio de que, en el México del “segundo piso” de la “4T”, la precarización laboral no es un fenómeno exclusivo de la iniciativa privada. También se reproduce en las entrañas del Estado, en sus empresas más poderosas, bajo el manto de una figura jurídica que debería proteger funciones especializadas pero que se ha convertido en una herramienta para negar derechos. Mientras el país debate reformas laborales y discursos de justicia social, miles de técnicos y profesionistas petroleros siguen esperando que su trabajo y su lealtad sean reconocidos a diario para evitar un despido.
El caso de Rovirosa, que ya está en manos de un Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, es apenas uno. Detrás de él hay 12 mil 500 historias similares, de hombres y mujeres que han dedicado su vida a una empresa que los mantiene en el limbo. La pregunta es si Pemex, y el Estado mexicano, algún día dejará de fingir su relación con estos trabajadores y construirá con ellos una relación con justicia y dignidad.
Que la mayor empresa pública mexicana siga litigando contra sus trabajadores “de confianza” no es buena señal. Si ya se han dado pasos para promover la democratización de los sindicatos y acabar con el cacicazgo que padecen varios de ellos; recuperar el poder adquisitivo de los salarios, y reconocer derechos de la clase trabajadora, ¿por qué no se obliga a Pemex a hacerse responsable frente a todos sus obreros? ¿Cuál es el miedo a los trabajadores técnicos y profesionistas en la paraestatal?
