- Una escritura notarial tiene número, fecha, protocolo, comparecientes, acto jurídico y un original que permanece bajo resguardo del notario.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CANCÚN, Q. ROO.- Una escritura notarial tiene número, fecha, protocolo, comparecientes, acto jurídico y un original que permanece bajo resguardo del notario.
Alterar esa cadena documental puede transformar, al menos sobre el papel, una compraventa de una casa de interés social en la constitución de una empresa, y un poder otorgado por una persona física en una operación societaria que jamás pasó por el protocolo de la Notaría 68 de Cancún, Quintana Roo.
Eso fue precisamente lo que, de acuerdo con la denuncia presentada hace cinco años por Francisco José Traconis Várguez, notario público auxiliar de la Notaría 68 de Quintana Roo, habría ocurrido con dos instrumentos utilizados para relacionarlo con la denominada “mafia rumana” que operó desde el Caribe Mexicano.
La historia comenzó públicamente el 26 de abril de 2021, cuando una investigación periodística identificó a ocho notarios presuntamente relacionados con operaciones de la organización encabezada por Florian Tudor.
La publicación aseguró basarse en un expediente atribuido al Centro Nacional de Inteligencia y señaló que la red operaba desde Cancún en actividades que iban del fraude financiero al lavado de dinero.
Entre los nombres publicados apareció Francisco José Traconis Várguez, cuya condición de auxiliar de la Notaría 68 está confirmada en directorios oficiales y del Colegio Nacional del Notariado Mexicano.
El señalamiento tenía aparentemente un soporte documental concreto. A Traconis se le atribuía haber intervenido en la constitución de INTACARRENT, S.A. de C.V., así como en el otorgamiento de un poder relacionado con esa sociedad, mediante dos números específicos de escritura pública.
Ante la publicación, según la denuncia a la que tuvo acceso este medio, el notario hizo algo elemental: abrió sus propios libros y buscó los números de escritura que se le atribuían. Y encontró una contradicción fundamental. Los números existían, pero los actos jurídicos asentados bajo ellos no correspondían a las operaciones que aparecían inscritas en el Registro Público de Comercio, entonces bajo la dirección de Carlos Lima Carvajal.
Uno de esos instrumentos, conforme a la revisión realizada por Traconis, correspondía originalmente a una compraventa formalizada mediante un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). No era la constitución de INTACARRENT.
El segundo número correspondía a un poder otorgado por una persona física. Tampoco era el poder societario que se le atribuía. La diferencia era verificable mediante dos fuentes documentales bajo control notarial: el protocolo y el Libro de Gobierno de la Notaría 68.
Es decir, los números de escritura utilizados en los documentos que fueron presentados e inscritos ante el Registro Público sí correspondían a esos instrumentos, pero su contenido había sido alterado y falsificado para hacerlos pasar por actos jurídicos distintos de los que realmente constaban en sus libros.
Las pruebas aportadas por Traconis Várguez fueron suficientes para las autoridades ministeriales para echar abajo los señalamientos y demostrar que durante su trayectoria como notario no ha sido vinculado, en materia penal, fiscal o mercantil, con ningún asunto relacionado con la denominada “mafia rumana”.
Por el contrario, el propio origen de la denuncia presentada por el fedatario se encuentra en la detección de documentos que, según lo denunciado, fueron falsificados y posteriormente ingresados al Registro Público, utilizando números de escritura que sí correspondían a instrumentos reales, pero cuyos contenidos eran completamente distintos.
El Registro decía otra cosa…
La siguiente revisión hizo todavía más delicado el caso. Al consultar la información mercantil, Traconis encontró que en el Registro Público de Comercio sí aparecían documentos relativos a INTACARRENT utilizando números atribuidos a su notaría.
Un documento registral de la Secretaría de Economía consultado para esta nota muestra efectivamente a INTACARRENT, S.A. de C.V., inscrita en Cancún, y registra como fedatario a Francisco José Traconis Várguez, de la Notaría 68.
La aparente prueba contra el fedatario se convirtió entonces en el indicio de una posible falsificación documental cometida por terceros y utilizada para generar una apariencia de legalidad ante el Registro Público. Los documentos que aparecían registrados no coincidían con los instrumentos que efectivamente obraban en el protocolo de la notaría.
Fue precisamente esta discrepancia, y no una relación del notario con la organización señalada, la que motivó la presentación de la denuncia correspondiente. Traconis presentó su denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y solicitó investigar posibles hechos constitutivos de falsificación de documentos y fraude procesal, además de determinar quién habría elaborado, utilizado y conseguido inscribir los testimonios cuestionados.
La denuncia, en ese sentido, no surgió de una investigación en contra del fedatario por su participación en la denominada “mafia rumana”, sino de la propia detección y denuncia de documentos falsificados que utilizaron su nombre y números de escritura para ser ingresados al Registro Público con sede en Cancún, Quintana Roo.
