- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá en las próximas horas un proyecto que, de ser respaldado por la mayoría de sus integrantes, representaría un revés jurídico para el dirigente nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, quien impugnó la reforma electoral aprobada por el Congreso de Quintana Roo sobre la asignación de regidurías de representación proporcional.
AGUSTÍN AMBRIZ
CANCÚN, Q. ROO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá en las próximas horas un proyecto que, de ser respaldado por la mayoría de sus integrantes, representaría un revés jurídico para el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, quien impugnó la reforma electoral aprobada por el Congreso de Quintana Roo sobre la asignación de regidurías de representación proporcional.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa propone al Pleno declarar procedente pero infundada la Acción de Inconstitucionalidad 72/2026, promovida por Moreno Cárdenas en su carácter de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, y reconocer la validez del artículo 383 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Quintana Roo.
La propuesta todavía no constituye una sentencia. Será sometida a consideración de los nueve ministros que integran actualmente el Máximo Tribunal, quienes determinarán si avalan el criterio de la ponente o se apartan de éste.
De aprobarse en sus términos, la resolución dejaría firme la reforma impulsada por el Congreso estatal y defendida durante el juicio tanto por el Poder Legislativo como por el Ejecutivo de Quintana Roo.
Reforma ante la Corte
El conflicto comenzó después de que el Congreso modificó el mecanismo mediante el cual se determina quién ocupa las regidurías de representación proporcional en los ayuntamientos.
La reforma fue publicada el 29 de mayo de 2026 y cambió una regla que permitía a quien encabezaba una planilla municipal y perdía la elección acceder, en determinadas condiciones, a la primera regiduría proporcional correspondiente a su fuerza política.
Con la nueva redacción del artículo 383, la asignación comienza por la persona colocada en el primer lugar de la planilla de candidaturas a regidurías, y ya no por quien encabezó la planilla para competir por la presidencia municipal.
El 25 de junio, Moreno Cárdenas acudió a la Suprema Corte para combatir el cambio. El PRI argumentó que la reforma afecta la representación proporcional, debilita a las oposiciones y rompe el vínculo entre los ciudadanos y la persona que encabezó el proyecto político por el cual emitieron su voto.
También planteó que eliminar el acceso del candidato a alcalde derrotado a la primera regiduría podría disminuir la competitividad electoral, al retirar un incentivo para que perfiles con reconocimiento acepten encabezar planillas municipales.
Rechazan argumentos
El proyecto de Yasmín Esquivel desestima esos planteamientos. La ponencia establece que no existe en la Constitución un derecho del candidato derrotado a una presidencia municipal para convertirse automáticamente en regidor de representación proporcional.
Considera que la finalidad constitucional de este principio consiste en garantizar que las fuerzas políticas minoritarias tengan presencia dentro de los órganos de gobierno, pero no en asegurar un cargo determinado a una persona en particular.
Bajo este razonamiento, la oposición no pierde espacios con la reforma. El número de regidurías proporcionales no fue reducido, tampoco se modificaron los porcentajes de votación necesarios para acceder a ellas ni la fórmula utilizada para distribuirlas entre los partidos.
Lo que cambió fue quién ocupará esos espacios. La ministra considera que el Congreso quintanarroense tiene facultades para establecer ese mecanismo como parte de la libertad de configuración legislativa que la Constitución reconoce a los estados en materia electoral.
Defienden la reforma
Durante el procedimiento, tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo estatal solicitaron que prevaleciera la norma. El Legislativo sostuvo que la reforma mantiene intacto el derecho de las minorías a obtener representación dentro de los ayuntamientos y que la Constitución federal no establece que las regidurías deban ser ocupadas primero por los candidatos derrotados a presidentes municipales.
El Ejecutivo argumentó, además, que el nuevo modelo permite que las regidurías sean desempeñadas por quienes fueron postulados específicamente para ocupar esos cargos.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también emitió una opinión en la que consideró constitucional la disposición impugnada.
Aunque la Suprema Corte resolverá exclusivamente sobre la constitucionalidad de la reforma, una eventual aprobación del proyecto tendría una lectura política inevitable.
Fue el propio presidente nacional del PRI quien, en representación de su partido, promovió la acción para intentar derribar la modificación. Si los ministros respaldan la propuesta de Esquivel Mossa, la estrategia jurídica de Moreno Cárdenas habrá fracasado frente a una norma aprobada por el Congreso y defendida por el Gobierno de Quintana Roo.
No significaría que la Corte otorgue una “victoria política” al gobierno estatal —el tribunal no resolverá en esos términos—, pero el saldo político sería favorable para los poderes quintanarroenses que defendieron la constitucionalidad de la reforma y adverso para el dirigente priista que buscó invalidarla.
Efectos en 2027
La resolución tendrá especial importancia ante las elecciones locales de 2027, cuando Quintana Roo renovará gubernatura, Congreso y ayuntamientos. De quedar firme el artículo 383, los partidos deberán considerar una nueva realidad al integrar sus planillas municipales: perder la elección a presidente municipal ya no abrirá automáticamente la puerta para convertirse en primer regidor de oposición.
También aumentará el peso político de las primeras posiciones en las listas de candidatos a regidores, pues serán éstas las que determinarán quiénes ocuparán los espacios de representación proporcional obtenidos por cada fuerza.
El Instituto Electoral de Quintana Roo informó a la Corte que el proceso electoral local ordinario comenzará en la primera semana de enero de 2027.
Antes de eso deberá quedar despejada la controversia constitucional. La propuesta de la ministra Esquivel ya tiene una conclusión: la reforma es válida y los argumentos presentados por el PRI son infundados.
Ahora falta conocer si sus ocho compañeros en el Pleno comparten ese criterio.
Si la mayoría lo hace, “Alito” Moreno habrá llevado su batalla contra la reforma electoral quintanarroense hasta el Máximo Tribunal del país, sólo para verla sobrevivir al examen constitucional.
