- La Fiscalía General de la República (FGR) cateó en la Ciudad de México una bodega del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, procesado por huachicol fiscal, en la que aseguró armas, documentos de seguridad nacional clasificados como reservados y confidenciales y expedientes de altos mandos de la Marina.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) cateó en la Ciudad de México una bodega del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, procesado por huachicol fiscal, en la que aseguró armas, documentos de seguridad nacional clasificados como reservados y confidenciales y expedientes de altos mandos de la Marina.
Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, reiteró que el vicealmirante y su hermano el contralmirante Fernando Farías Laguna, encabezaron una red de corrupción de huachicol que gestionaba los nombramientos y promociones de marinos en las aduanas y la Marina.
“De acuerdo con datos de prueba convincentes, mismos que están siendo ya valorados por el Poder Judicial, cuando Roberto ‘N’ y Fernando ‘N’, conocidos como ‘Los Primos’, cuyos cómplices intervinieron en designaciones, ascensos y movimientos de personal dentro de las aduanas marítimas, la Administración Nacional de Aduanas de México y la propia Secretaría de Marina.
“Roberto ‘N’, en particular, gestionaba directamente esos nombramientos y esas promociones”, señaló en un mensaje difundido por la Fiscalía.
“Y como resultado del cateo de una bodega que Roberto ‘N’ arrendaba en la capital del país, se encontraron además de objetos de lujo, listas de aduanas marítimas, expedientes de personal naval y altos mandos de la institución, documentación de seguridad nacional clasificada como reservada y confidencial y armas sin el debido registro”.
La fiscal general no precisó cuándo y dónde se llevó a cabo el operativo en el que se aseguraron las nuevas evidencias contra el mando de la Armada, preso en el Penal del Altiplano.
Ernestina Godoy reconoció al secretario de la Marina, Raymundo Morales, y a su antecesor Rafael Ojeda ─tío político de los Farías─, al primero por darle seguimiento a la indagatoria y al segundo por haber denunciado de manera informal los hechos ante el ex fiscal general Alejandro Gertz Manero.
“La red criminal que en 2024 fue denunciada por el almirante Rafael Ojeda al doctor Alejandro Gertz Manero, a quien expuso elementos de posibles actividades ilícitas vinculadas con integrantes de la institución naval fue el origen que nos permitió conducir investigaciones”, dijo.
“Subrayo aquí que una institución no se corrompe porque algunos de sus integrantes traicionan la responsabilidad y la confianza depositada en ellos.
“Muestra de eso es que el actual secretario, el almirante Raymundo Morales Ángeles, ha estado muy atento al seguimiento de las investigaciones. La responsabilidad es individual y todo acto ilegal será sancionado.
“Quien use un uniforme, un cargo público o una aduana para servir al crimen, tiene que responder ante la justicia”.
La funcionaria se refirió al caso de los hermanos Farías como una de las estructuras de corrupción más sofisticadas que el país ha enfrentado en el combate al contrabando de combustible, popularmente conocido como “huachicol fiscal”.
Recordó que esta indagatoria inició con la denuncia de Ojeda a Gertz y el posterior aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en el buque Challenge Procyon en la Aduana de Altamira, Tamaulipas, en marzo de 2024.
Señaló que con este aseguramiento tuvieron conocimiento de que detrás de la operación ilegal de ese buque, no había un contrabandista en solitario, sino había una compleja red criminal en la que los hermanos Farías destacaban para asegurar la importación, traslado, almacenamiento y distribución del hidrocarburo ingresado por contrabando.
“Buques cargados, registros manipulados, personal aduanal cómplice, revisiones simuladas y lavado de dinero, eran el ciclo de este negocio ilegal, en el que presuntamente participaron Manuel Roberto ‘N’, Fernando ‘N’ y sus cómplices”, señaló.
“Las investigaciones nos llevaron a identificar operaciones de esta misma red en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México.
“Como parte de las indagatorias, seguimos el rastro de accionistas, apoderados legales y enlaces que participaron en las distintas etapas de esta cadena ilegal, en la que existe evidencia de participación de Manuel Roberto ‘N’ y Fernando ‘N’”.
“Con la estructura de complicidades ya instalada, Manuel Roberto ‘N’ y Fernando ‘N’, junto con sus cómplices presuntamente repetían una y otra vez la trama ilegal.
“Esto es los buques zarpaban principalmente desde Texas, cargados de hidrocarburo, el cual se declaraba como aceite o aditivo para cambiar su tratamiento fiscal.
“Servidores públicos y agentes aduanales coludidos, recibían pagos por cada embarque que se dejaba pasar”.
Ernestina Godoy indicó que, cuando llegaban a realizarse, las inspecciones aduaneras a los barcos eran una simulación, porque la red criminal garantizaba muestreos superficiales, la aprobación de volúmenes manipulados o maniobras para que el hidrocarburo fuera liberado de la aduana sin revisión.
Incluso, mencionó que la cadena de complicidades de los Farías también estableció calendarios de arribo, para desactivar cámaras e imposibilitar el registro de las descargas.
Detalló que, una vez en el combustible se distribuía mediante tres empresas legalmente constituidas, una red de empresas fachada y triangulaciones financieras eran las responsables de darle apariencia legítima a los ingresos de la venta.
“El contrabando de hidrocarburos es un acto ilegal, como también es un delito que debilita a las empresas del Estado y desvía recursos públicos que deben ser utilizados para impulsar el bienestar del pueblo”, expuso.
“La responsabilidad es individual y todo acto ilegal será sancionado. Quien usó un uniforme, un cargo público o una aduana para servir al crimen, responderá ante la justicia”.
*Con información de Agencia Reforma
