- Mediante un esquema de corrupción se despojó ilegalmente a más de 200 mil derechohabientes del Infonavit.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- La justicia hacia miles de trabajadores que perdieron su patrimonio mediante un esquema de corrupción que permitió el despojo ilegal de más de 200 mil viviendas a derechohabientes del Infonavit, parece ver luz al final del túnel.
En un giro inesperado, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) presentó 28 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República. Además, inició el proceso de integración de 3 mil 380 carpetas de investigación contra desarrolladores, constructoras, notarios, exfuncionarios y gestores que habrían participado en el esquema de corrupción que despojó de su patrimonio a más de 200 mil derechohabientes.
Así lo informó su director, Octavio Romero Oropeza, durante la 133 Asamblea General Ordinaria del organismo, en la que también se formalizó la desaparición de las direcciones sectoriales de trabajadores y empresarios, como parte de la reestructuración del instituto tras la reciente reforma a su ley.
Con este cambio, el Infonavit inicia una nueva etapa con una mayor centralización en la toma de decisiones y bajo una mayor fiscalización por parte de la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Romero Oropeza detalló que la estrategia de despojo se gestó a través de “alianzas corruptas” entre funcionarios, jueces estatales y notarías, que permitieron otorgar múltiples créditos sobre una misma vivienda y realizar ventas sucesivas de inmuebles sin el conocimiento de los derechohabientes.
De acuerdo con el director del Infonavit, más de 373 mil trabajadores fueron demandados de manera fraudulenta y despojados de sus casas mediante juicios masivos sin ser notificados. El daño económico derivado de estas prácticas asciende a 29 mil millones de pesos.
El funcionario señaló que al inicio de su gestión encontraron al instituto operando bajo esquemas de corrupción heredados de administraciones previas, donde se privilegiaron intereses privados en lugar del derecho a la vivienda de los trabajadores.
Como ejemplo, citó el caso de la empresa Telra Realty, contratada para desarrollar una plataforma de soluciones de vivienda, pero que incumplió su contrato de 100 millones de pesos y, en lugar de ser sancionada, recibió una indemnización de 5 mil millones de pesos aprobada por el Consejo de Administración.
Otro problema identificado es el mal uso de la Línea III de crédito, que permitió a constructoras recibir financiamiento para desarrollar viviendas de baja calidad o, en algunos casos, no entregar los inmuebles pactados. Estas empresas adeudan al instituto más de 2 mil millones de pesos.
Como parte del nuevo rumbo del Infonavit, Romero Oropeza anunció que en abril se iniciará la construcción de las primeras 20 mil viviendas bajo la operación de la recién creada Infonavit Constructora. En este esfuerzo, el instituto ha recibido la donación de 153 predios, con los cuales se planea edificar más de 75 mil viviendas en 2025.
Asimismo, el organismo implementará un programa de renta con opción a compra de viviendas abandonadas, con el objetivo de beneficiar a sectores vulnerables como jefas de familia, jóvenes y personas con discapacidad. Para ello, se realizará un censo de 400 mil viviendas en condiciones de ser rehabilitadas, regularizadas y vendidas a un precio accesible.
El rediseño estructural del Infonavit ha generado opiniones divididas. Mientras el gobierno defiende la centralización de las decisiones como una medida para eliminar la corrupción, representantes del sector empresarial y laboral han manifestado su inconformidad con estos cambios.
