- Con un fallo que deja en claro que la transparencia es superior al deseo de anonimato, la Primera Sala de la Suprema Corte avaló la publicación en el portal del SAT de los nombres de quienes reciben condonaciones fiscales
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.— En un país donde la mayoría de los ciudadanos cumple con sacrificio sus obligaciones fiscales, un sector privilegiado ha perfeccionado una doble estrategia: obtener beneficios tributarios del Estado y, al mismo tiempo, evadir el escrutinio público que debería acompañar cualquier concesión oficial.
El reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que avala la publicación en el portal del SAT de los nombres de quienes reciben condonaciones fiscales, ha destapado la opacidad con la que algunos grandes contribuyentes han operado durante años.
Detrás del lenguaje técnico y jurídico, la sentencia de la Primera Sala dejó algo en claro: el derecho a la transparencia es superior al deseo de anonimato de quienes reciben favores fiscales.
En el caso específico, un hombre de alto poder adquisitivo —como lo confirman los montos que implica su autocorrección en el Impuesto Sobre la Renta— intentó evitar que su nombre fuera publicado tras recibir una condonación del 100% en una multa. La Corte no sólo rechazó el amparo, sino que dejó al descubierto una práctica sistémica.
TRANSPARENCIA A LA CARTA: LO FISCAL COMO PRIVILEGIO DISCRECIONAL
La lógica de estos casos no es nueva: grandes contribuyentes corrigen, negocian o simplemente omiten sus pagos, obtienen beneficios legales, y luego buscan que sus identidades se mantengan fuera del radar público. El artículo 69 del Código Fiscal, que ordena publicar los datos de quienes reciben condonaciones, ha sido objeto de amparos precisamente porque desenmascara este circuito de influencias.
Lo que la Corte defendió, con base en un test de proporcionalidad, es la importancia del acceso público a esta información, por tratarse de decisiones que afectan los ingresos del Estado, y por tanto, los recursos públicos que deberían beneficiar a todos. No se trata sólo de exhibir nombres: se trata de que la ciudadanía conozca a quién se le condonan recursos que el resto sí paga, y bajo qué condiciones.
EL INTERÉS COLECTIVO FRENTE AL PRIVILEGIO PERSONAL
En su fallo, la Primera Sala fue tajante: el derecho a la protección de datos no puede usarse como escudo para impedir el acceso a información pública, sobre todo cuando hay un impacto directo en las finanzas del país. La Corte recordó que el principio de máxima publicidad no admite excepciones cuando se trata del manejo de recursos públicos.
Aun así, el intento del contribuyente revela un patrón preocupante: hay quienes buscan beneficiarse del sistema fiscal sin someterse a sus reglas de transparencia. No es sólo la condonación lo que se busca, sino que se mantenga en secreto, como si el Estado debiera proteger la reputación de quienes incumplen antes que los derechos de los ciudadanos a conocer cómo se gasta —o se perdona— el dinero público.
LA RUTA DE LOS PRIVILEGIOS: CONDONAR EN LO OSCURO
El artículo impugnado no establece un límite temporal para la publicación de los nombres, y eso, según la Corte, es parte del espíritu de transparencia: la información fiscal que afecta al erario debe permanecer accesible.
Aun así, el caso muestra cómo desde los sectores más acomodados del país se despliega una estrategia constante para neutralizar cualquier intento de rendición de cuentas.
Estos litigios no son sólo sobre datos personales. Son un reflejo de la resistencia a que los privilegios —y no sólo los impuestos— se transparenten. En el México de hoy, el verdadero lujo no es evadir el fisco: es hacerlo en silencio, con protección judicial, y sin que nadie se entere.
EL VEREDICTO: LOS NOMBRES IMPORTAN, Y DEBEN SABERSE
Con esta resolución, la Suprema Corte protegió el derecho a la información, a la vez de enviar un mensaje claro a quienes operan en la cima del sistema económico mexicano: si el Estado te perdona, el público tiene derecho a saberlo.
La democracia no se sostiene sólo en las urnas, sino en el escrutinio permanente de cómo se manejan los recursos comunes. Y la verdadera justicia fiscal empieza, al menos, con saber a quién se le perdonan los errores que a otros les cuestan cárcel o ruina.
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