- La Contraloría Municipal ha registrado 53 casos de quejas y denuncias contra funcionarios públicos a través de su nueva plataforma, como parte de la Cruzada Contra la Corrupción.
IGNACIO CALVA
CANCÚN, Q. ROO.- La Contraloría Municipal ha registrado 53 casos de quejas y denuncias contra funcionarios públicos a través de su nueva plataforma, como parte de la Cruzada Contra la Corrupción.
Del total, 28 corresponden a quejas, de las cuales ocho ya han sido atendidas, mientras que 20 permanecen en proceso; por otro lado, 25 son denuncias relacionadas con presuntos actos de corrupción.
El contralor municipal, Hilario Timoteo Gutiérrez Valasis, indicó que las denuncias se concentran principalmente en áreas como fiscalización, tránsito y oficinas administrativas, donde se han reportado irregularidades como solicitudes indebidas de dinero.
Sin embargo, destacó la importancia de que los ciudadanos aporten pruebas al presentar sus denuncias.
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“Muchas veces se señala a un servidor público, pero no se incluyen evidencias que respalden la denuncia, lo que limita nuestra capacidad de actuación.
“Invitamos a la ciudadanía a hacer uso de las herramientas disponibles y aportar la mayor cantidad de elementos posibles para que las investigaciones sean más efectivas”, afirmó.
Todas las denuncias reciben atención inicial, aunque algunas se desechan por falta de pruebas suficientes.
En casos complejos, como aquellos que involucran turistas, la Contraloría ha recurrido a embajadas para obtener declaraciones y continuar con los procedimientos.
Como parte de la Cruzada Contra la Corrupción, se han entregado 725 gafetes de identificación a servidores públicos de diversas áreas, los cuales contienen los códigos QR para que los ciudadanos no sólo puedan verificar que se trata efectivamente de personal del Ayuntamiento, sino evaluar su labor.
La última entrega significativa, explicó, fue a 250 elementos de tránsito; esta medida busca mejorar la transparencia y facilitar la supervisión de los funcionarios.
Respecto a la declaración patrimonial de los servidores públicos, Gutiérrez Valasis explicó que se alcanzó un cumplimiento de 99.1 por ciento, quedando pendientes aproximadamente 70 casos.
Estas personas tienen un plazo extraordinario de 30 días para regularizar su situación.
“El incumplimiento de esta obligación puede derivar en sanciones que van desde un extrañamiento hasta la baja del cargo público.
“Estamos notificando a los servidores para que cumplan dentro del plazo establecido y eviten mayores complicaciones”, detalló.
