- Segunda Sala de la Suprema Corte resuelve casos que favorecen a empresas poderosas, en detrimento de trabajadores, comunidades, la hacienda pública y derechos colectivos.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.– En su penúltima sesión antes del relevo de integrantes, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió seis casos que, uno tras otro, favorecieron a empresas poderosas, en detrimento de trabajadores, comunidades, la hacienda pública y derechos colectivos.
Fue una jornada marcada por decisiones que generaron alarma por parte de la ministra Lenia Batres Guadarrama, la única disidente en todos los fallos.
El primero de los asuntos, el amparo directo 12/2025, enfrentaba a un trabajador despedido injustamente con The Coca-Cola Export Corporation y la empresa Servicios Integrados de Administración y Alta Gerencia. El proyecto, elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán, revocó el laudo que ordenaba indemnizar conforme a la ley al empleado afectado.
Batres denunció que el asunto fue atraído con el argumento de analizar la legalidad de despedir por internet, pero este punto nunca se abordó en la sentencia. Con tres votos a favor y uno en contra, el trabajador quedó desamparado.
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En el segundo caso, la sala aprobó un amparo directo (3/2025) a favor de Consultores Industriales S.A. (Coisa), parte del Grupo Televisa, acusada por el SAT de simular operaciones para emitir comprobantes fiscales.
El proyecto, del ministro Javier Laynez Potisek, fue aprobado por mayoría. Batres advirtió que Coisa operaba como una “empresa fantasma” y criticó que se flexibilicen criterios que facilitan el fraude fiscal.
Otro tema polémico fue el amparo en revisión 753/2024. La Asociación Potosina por la Dignidad Animal impugnó una ley que permite que menores asistan a corridas de toros.
El proyecto, de la ministra Yasmín Esquivel, fue aprobado también por mayoría.
Batres consideró inconstitucional permitir espectáculos de violencia hacia animales frente a menores, apelando al derecho de las infancias a una educación basada en el respeto a la naturaleza.
El cuarto fallo fue el amparo directo en revisión 2035/2025. Se trataba de un préstamo por más de 400 millones de pesos recibido por un accionista, presuntamente usado para evadir impuestos.
Batres presentó un proyecto para revisar el fondo del asunto, pero fue desechado sin debate. Advirtió que se dejó pasar una oportunidad para establecer criterios firmes contra las simulaciones fiscales.
La Segunda Sala también desechó un amparo promovido por una comunidad cercana al río Nazas (169/2025), que denunciaba la omisión de las autoridades para preservar el equilibrio ecológico del afluente.
El proyecto, nuevamente de Esquivel, fue aprobado por mayoría, pese a la única objeción de Batres.
El único caso no resuelto fue el amparo en revisión 123/2025, relativo a la nueva Ley Minera. Batres alertó que existe una acción de inconstitucionalidad pendiente en el Pleno sobre este tema, por lo que consideró improcedente resolverlo en Sala. La votación quedó empatada y se requerirá la participación de un ministro de la Primera Sala para una nueva votación.
La ministra Lenia Batres fue la voz disidente en cada uno de los asuntos, señalando un patrón preocupante: decisiones que priorizan intereses empresariales por encima de los derechos laborales, fiscales, ambientales y sociales. Así cerró la Segunda Sala su penúltima sesión, dejando una estela de resoluciones favorables a grupos de poder.
