Julio Jiménez Martínez
En política no existen las casualidades, todo son causalidades. No cabe duda de que la visita de Marco Rubio, secretario de Estado del Gobierno de los Estados Unidos, generó importantes consecuencias en materia de combate a la delincuencia. En la antesala de la revisión de los principales capítulos del Acuerdo Comercial (T-MEC) entre México, Estados Unidos y Canadá, uno de los principales factores de presión para el Gobierno de México es el alarmante fenómeno de la delincuencia, inseguridad, corrupción e impunidad, que ha provocado serias acusaciones por parte de Donald Trump, quien ha señalado que México es un país sometido por los cárteles del narcotráfico y el crimen organizado, denominados como grupos terroristas por su gobierno.
En este polémico contexto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal, encabezada por Omar García Harfuch, dio un fuerte golpe a las bandas dedicadas al robo de hidrocarburos y al contrabando de gasolinas y sus derivados, que mediante la falsificación de documentos evadían el pago de impuestos por su internación definitiva, venta y distribución (IEPS), fenómeno conocido como “huachicol fiscal”. Ello ocurrió después de varios meses de investigaciones, trabajo de inteligencia, integración de carpetas y la solicitud de múltiples órdenes de aprehensión, con el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR).
No olvidemos que en esta red de delincuencia organizada están involucrados importantes empresarios y altos funcionarios de la Marina, que presuntamente organizaban y facilitaban la internación ilícita de hidrocarburos. Sus actividades fueron detectadas como consecuencia de extrañas operaciones financieras (depósitos y retiros de dinero en efectivo, adquisición de bienes y autos de lujo), así como la contratación de pólizas de vida y primas de seguros por montos superiores. Estas circunstancias resultaron determinantes, como lo señaló Omar García Harfuch en conferencia de prensa.
De acuerdo con información oficial, esta organización criminal dedicada al huachicol tenía en su poder un buque con 10 millones de litros de hidrocarburos.
Debemos resaltar que este millonario aseguramiento y las detenciones ocurrieron a pocos días de la visita de Marco Rubio, secretario de Estado del gobierno norteamericano, y tres días después del inicio del operativo contra el “huachicol fiscal” en diversas aduanas como Tijuana y Mexicali, en Baja California; Nogales, Sonora; y en particular en Reynosa y Matamoros, donde se confirmó la detención de 14 choferes y el aseguramiento de 14 pipas con más de 540 mil litros de combustible de contrabando, sin el pago de impuestos, es decir, huachicol fiscal.
Es de vital importancia aclarar que el contrabando de gasolinas, sus derivados y el robo de hidrocarburos se ha convertido en el negocio del siglo, beneficiando a funcionarios, gobernantes y empresarios nacionales y extranjeros. Es un fenómeno que creció bajo la protección y complicidad institucional, a pesar de las denuncias y señalamientos del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, asesinado el pasado 8 de noviembre en Manzanillo, Colima, luego de denunciar a los hermanos Farías Laguna, “sobrinos políticos” del almirante Rafael Ojeda, secretario de Marina en el gobierno de AMLO, por encabezar un grupo delictivo que operaba en puertos y aduanas.
No podemos dejar de mencionar el misterioso homicidio de Magaly Janet Nava Ramos, quien se desempeñaba como auxiliar “B” en la Delegación de la FGR en Colima. De acuerdo con información de la propia FGR, ambas ejecuciones —la de Nava Ramos y la de Guerrero Alcántar— están relacionadas. Ambos fueron privados de la vida con armas Águila calibre 9 milímetros Luger y bajo el mismo modus operandi: varios sujetos a bordo de autos y dos más en motocicleta.
Es muy importante destacar la coordinación interinstitucional y el respaldo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que fue pieza clave en la investigación. Gracias a los protocolos de investigación e inteligencia financiera, se desarticuló la red de corrupción que permitía las operaciones financieras de esta banda delictiva.
Por otra parte, autoridades federales confirmaron la misteriosa muerte —aparente suicidio— del capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira. El funcionario había sido señalado por el exdirector de Aduanas de Tampico de haber recibido sobornos. Casualidad o no, se quitó la vida el lunes 8 de septiembre en su oficina.
En resumen, las autoridades tienen detenidos a 14 presuntos involucrados, aunque las diligencias de investigación continuarán bajo los protocolos de inteligencia y la secrecía necesaria para detener a otros presuntos implicados en el huachicol fiscal. De acuerdo con el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, hay varias personas prófugas.
El Dr. Julio Jiménez Martínez es vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados “Foro México”.
