- Explicaron que el objetivo de la ley es, entre otros, propiciar la distribución equitativa de los recursos y fortalecer la relación ayuntamientos-ciudadanía.
EUGENIO PACHECO
CHETUMAL, Q. ROO.- Desde el Congreso del Estado se lanzó un urgente llamado para dar cumplimiento a la Ley de Participación Ciudadana, para permitir a la gente decidir sobre la asignación de una parte de los recursos públicos, con miras a la elaboración del Presupuesto 2026.
Eric Arcila Arjona, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales en la XVIII Legislatura, consideró importante que sean los ciudadanos quienes decidan hacia dónde se debe invertir el dinero administrado por los presidentes municipales para atender las necesidades de interés común.
Este tipo de ejercicios democráticos sirve para atender y dar respuesta a las demandas sobre la falta de obras que, a través de las redes sociales, se lanzaron en contra de los alcaldes en torno a la presentación de sus primeros informes de gobierno.
Explicó que el objetivo es propiciar la distribución equitativa de los recursos y fortalecer la relación ayuntamientos-ciudadanía.
Permitir a los ciudadanos proponer proyectos prioritarios en sus comunidades para que sean considerados en la planeación y ejecución del presupuesto.
Consideró necesario saber las prioridades en las demandas de los ciudadanos sobre pavimentación banquetas, bacheo, alumbrado público, seguridad ciudadana, recoja de basura o algunas obras consideradas de interés común en cualquier colonia o comunidad rural.
Se trata de someter a consultas públicas y votar por los proyectos y propuestas, y que sea la mayoría lo que determine hacia donde se van a gastar los impuestos de los mismos ciudadanos.
El legislador aclaró que se trata de una opción, sin obligatoriedad, establecida en el artículo 39 de la Ley de Participación Ciudadana de Quintana Roo, el cual se define como un mecanismo para que los ciudadanos decidan la aplicación de los recursos económicos
Mientras que los ayuntamientos tendrán la facultad de reglamentar los procedimientos y la consulta para aterrizarlos, a través de la presentación de propuestas de parte de los ciudadanos o grupos de la Sociedad Civil, respecto a proyectos y servicios que consideran prioritarios para su comunidad.
Así como la deliberación y construcción de acuerdos entre la ciudadanía y el gobierno para definir qué proyectos se llevarán al cabo, con la asignación de un porcentaje del presupuesto público del año que corresponda, a través de destinarlos a los proyectos que se elijan.
