- Aunque ya ha sido despenalizado en 24 entidades del país, persisten barreras que impiden el acceso efectivo al servicio de aborto seguro en el sistema público de salud.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque ya ha sido despenalizado en 24 entidades del país, persisten barreras que impiden el acceso efectivo al servicio de aborto seguro en el sistema público de salud, advierte un informe del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB) presentado recientemente.
Destaca que a partir de la despenalización del aborto en las entidades ha aumentado la disponibilidad de servicios y el número de intervenciones realizadas de forma segura, al tiempo que ha disminuido el uso del legrado, sustituido por medicamentos y la aspiración manual endouterina (AMEU).
Sin embargo, señala, la mayoría de las entidades en las que se ha despenalizado no cuentan con suficientes unidades de salud que brinden en todo el territorio el servicio de aborto, que se concentra en capitales, así como en hospitales de segundo y tercer nivel.
Además, indica, el personal disponible es insuficiente, y la objeción de conciencia reduce aún más la oferta real.
En tanto, agrega, el desabasto de medicamentos —en particular misoprostol y mifepristona— es un problema recurrente, agravado por retrasos administrativos y falta de prioridad presupuestal.
“Para que la despenalización se traduzca en un derecho efectivo, el Estado debe adoptar medidas que garanticen la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad (DAAC) de los servicios de aborto seguro que garantizan su implementación en todo el país”, remarca el informe.
Detalla que la tasa total de abortos en 8 entidades estudiadas —Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Puebla, Veracruz y Quintana Roo— pasó de 1.058 por cada 100,00 mujeres en edad reproductiva en 2020 a mil 445 en 2024.
Las entidades con las tasas más altas fueron Ciudad de México, con 414; Guerrero, con 204; y Nayarit, con 194.
En tanto, señala, de los 52 mil 117 procedimientos realizados en las 8 entidades el año pasado, 52 por ciento correspondió a medicamentos, 30 por ciento a legrado uterino instrumental (LUI), y 15 por ciento a AMEU.
El ILSB urge en el informe a eliminar el aborto del Código Penal Federal y de los códigos penales estatales, despenalizando el aborto en todas las entidades federativas, con base en los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia y a regular la atención desde el sector salud.
Llama a armonizar la Ley General de Salud en materia de objeción de conciencia con base en la resolución 54/2018 de la Corte, asegurando claridad normativa y garantizando la Atención de la salud de quienes solicitan un aborto.
Plantea además armonizar los lineamientos estatales con el Lineamiento Técnico para la Atención del Aborto Seguro, eliminando los limites estacionales para el acceso al aborto en caso de violencia sexual.
