- Con votación dividida, la SCJN determinó no avalar la inconstitucionalidad general de la eliminación del fondo mínimo para la reparación del daño y atención a víctimas.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- Con votación dividida, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó no avalar la inconstitucionalidad general de la eliminación del fondo mínimo para la reparación del daño y atención a víctimas, ordenada en 2020 por el Congreso que en su lugar previó una parte de lo que se junte con la enajenación de bienes decomisados.
“Desde el momento en que está en el presupuesto que se está cumpliendo (el apoyo a víctimas) y que no hay víctimas quejándose de la falta del cumplimiento de esta reparación de daños, yo creo que deberíamos ser respetuosos y dejar esta ley en el texto que determinó el Congreso de la Unión”, sostuvo la ministra Lenia Batres.
La fracción I del artículo 132 de la Ley General de Víctimas ya había sido declarada inconstitucional en marzo de 2024 por la desaparecida Primera Sala de la Corte, pues determinó que la desaparición del fondo -previsto con al menos el 0.014 por ciento del presupuesto de Egresos del año anterior- era regresiva y que, además, supuestamente el gobierno no comprobó los argumentos que dio para su desaparición: la necesidad de recursos para enfrentar la pandemia por Covid-19 y la corrupción en el manejo de los fideicomisos.
Como el Congreso no eliminó la reforma, la nueva Corte analizó ahora la Declaratoria General de Inconstitucionalidad número 6/2024 bajo la ponencia del ministro Giovanni Figueroa, quien propuso que se declarara procedente, aunque se requerían seis votos para avalarla.
Los argumentos se dividieron entre los ministros que argumentaron la falta de quejas de las víctimas, que esto equivaldría a revivir un fideicomiso y que el presupuesto para la atención no ha disminuido a pesar de la reforma rechazada también por Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM).
Algunos ministros replicaron las acusaciones de corrupción que argumentó el gobierno en 2020 para la desaparición de fondo y de un centenar más.
En el grupo que lograron mantener con vida la reforma estuvieron además de Batres, Irving Espinosa Betanzo, Sara Irene Herrerías y Estela Ríos, y aseguraron que la declaratoria de inconstitucionalidad reviviría los fideicomisos.
Espinosa Betanzo acusó a la antigua Corte de haberle dado la razón a quien impugnó inicialmente la reforma, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, para “curarse en salud” contra la eliminación de sus fideicomisos.
“La quejosa (el Centro Pro) únicamente se estaba doliendo de la eliminación del porcentaje que debía de estar destinado para atender a las víctimas. Sin embargo, la Corte indebidamente, porque claro, estaba curándose en salud, porque sabía que eliminar este fideicomiso iba a implicar que cuando analizara la extinción de los propios fideicomisos, pues iba a decir que no era posible eliminarlos”, sostuvo.
“Yo sí quisiera precisar algo, y es para que no haya un malentendido, al contrario, creo que todos estamos a favor de garantizar los derechos plenos de las víctimas”.
En cambio, el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, y los ministros Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel, Giovanni Figueroa y Arístides Guerrero reconocieron que la reforma fue regresiva, pues no garantiza un mínimo para la atención a las víctimas, sino que está sujeto a lo que obtenga el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado a lo que se le debe descontar, además, la compensación respectiva.
Previamente, al impulsar el restablecimiento, el Centro Pro aseguró que desde la eliminación del fondo mínimo, el presupuesto de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha estado en promedio un 29 por ciento por debajo del nivel de financiamiento anteriormente garantizado: 658 millones de pesos en la partida de “Ayudas Sociales” en 2025, cuando debió ser de 909 millones de pesos, y que para el 2026 se prevén 692 millones cuando se deberían destinar al menos 913 millones de pesos, exclusivamente para la erogación directa a medidas para las víctimas.
Los ministros que estaban a favor de la declaratoria insistieron en que es necesario garantizar un mínimo para la atención a las miles de víctimas que hay en el país, y aseguraron que eso no revivía por sí mismo al fideicomiso, pues se podría incluir en la declaratoria que se previeran recursos en otra figura jurídica, pero los otros ministros no se movieron de su posición.
“Yo pregunto a los ministros y ministras; ¿si la enajenación de bienes decomisados no es suficiente, ya no le cumplimos a las víctimas?”, planteó la ministra Yasmín Esquivel.
Loretta Ortiz, exintegrante de la Primera Sala, declaró por unanimidad la inconstitucionalidad de la reforma y dijo que se mantenía en sus argumentos.
“Considero fundamental reiterar que los recursos destinados a las víctimas no pueden ser objeto de recorte, reasignación o eliminación, pues se trata de un grupo que, por definición constitucional y convencional, se encuentra en una situación grave de vulnerabilidad”, sostuvo.
La ministra Estela Ríos, por su parte, aseguró que no entendía por qué era mejor tener un fondo mínimo asegurado que otra cantidad que pudiera ser, incluso, mayor.
*Con información de Agencia Reforma
