- Ambos colaboradores del gabinete son los ideológicos del giro intervencionista de Trump en Venezuela y Latinoamérica.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y la política cada vez más agresiva hacia América Latina han colocado en el centro de la escena no sólo al presidente Donald Trump, sino a dos de sus principales asesores: Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, y Stephen Miller, subjefe de gabinete y arquitecto ideológico de políticas duras.
Ambos han actuado no sólo como estrategas, sino como propulsores de una narrativa confrontacional que sitúa a los gobiernos de izquierda de la región como amenazas a erradicar, incluso más allá del respeto por la soberanía nacional.
“Estabilización, recuperación y transición”… a la estadounidense
Hijo de inmigrantes cubanos y uno de los políticos republicanos de más larga data, Rubio ha emergido como el hombre clave de Trump para América Latina, especialmente en el caso de Venezuela. Tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, Rubio presentó un plan de tres fases que, según afirmó, buscaría “estabilizar” el país, “recuperar” su economía y finalmente promover una “transición” política.
En una declaración ante el Senado, Rubio dijo sin rodeos: “Estamos vamos a tomar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo… los venderemos en el mercado. Ese dinero lo controlaremos de forma tal que beneficie al pueblo venezolano, no a la corrupción ni al régimen”.
Aunque en apariencia este discurso apunta a contrarrestar la corrupción y ayudar al pueblo, críticos han señalado que su enfoque concentra el control económico de Venezuela en manos estadounidenses, y su retórica ha sido repetidamente usada para justificar una intervención que muchos analistas califican de injerencista.
La narrativa de seguridad regional que él promueve reitera que no se permitirá “un país bajo influencia de Irán, Hezbolá y el narcotráfico”, expresiones que han servido para criminalizar gobiernos y movimientos políticos de izquierda en la región como amenazas existenciales para Estados Unidos.
La doctrina de la fuerza y el “derecho a tomar”
Si Rubio aporta estrategia geopolítica, Stephen Miller ofrece la visión ideológica que respalda la coerción sin remordimientos. Vicejefe de gabinete y antiguo artífice de la política migratoria más dura de la administración, Miller ha sido uno de los más firmes defensores internos de la intervención en Venezuela.
En declaraciones recientes, Miller afirmó que “Venezuela ha enviado mensajes… dejando claro que cumplirán con los términos, demandas, condiciones y requisitos de Estados Unidos”, posicionándose como interlocutor directo con actores venezolanos bajo la lógica de que Caracas debe ajustarse a los designios de Washington.
Más explícitamente, en redes sociales y en consonancia con Trump, Miller ha sostenido que la nacionalización del petróleo venezolano fue “el mayor robo registrado de riqueza y propiedad estadounidense”, argumentando que los activos expropiados fueron usados para financiar narcoactividades, terrorismo y violencia. “American sweat, ingenuity and toil created the oil industry in Venezuela… Its tyrannical expropriation was the largest recorded theft of American wealth and property”, escribió Miller, reviviendo una narrativa de apropiación que muchos observadores consideran racista y despectiva hacia un país soberano latinoamericano.
Esta retórica no sólo justifica la intervención económica, sino que también alimentó la idea de que Venezuela “nos debe” su petróleo y sus recursos, un planteamiento que reduce las complejidades históricas y legales de los nacionalismos petroleros en América Latina a un ultraje moral hacia Estados Unidos.
Una alianza que moldeó la política exterior de Trump
La alianza entre Rubio y Miller es más que circunstancial: su influencia conjunta desplazó a otros asesores que buscaban opciones menos invasivas o meramente comerciales sobre el petróleo venezolano, favoreciendo en cambio un enfoque de presión máxima y control político efectivo sobre Caracas.
Rubio, con experiencia parlamentaria y conocimiento profundo del electorado latinoamericano y de la diáspora cubano‑venezolana en Florida, ha aportado legitimidad política a la agenda exterior de Trump, mientras que Miller ha inyectado un discurso de fuerza, supremacía y derecho histórico a intervenir.
El resultado es una política que —más que centrarse en el respeto a la soberanía— se basa en una lógica de dominio y control: una vuelta moderna, para algunos, de la antigua doctrina de hegemonía en el hemisferio, disfrazada de seguridad nacional.
Críticas y consecuencias
Este enfoque ha generado amplias críticas dentro de Estados Unidos y en el exterior. Legisladores demócratas han denunciado el plan de Venezuela como un intento de “apropiación de recursos” sin supervisión adecuada; senadores han señalado que el control del petróleo venezolano sin consulta democrática podría violar normas internacionales y constitucionales.
Analistas internacionales también advierten que una narrativa que presenta a países de izquierda como “amenazas” o “narco‑patrones” —y que trata sus recursos como si pertenecieran a otro país— alimenta una política exterior basada en dominación y prejuicio, erosionando la reputación de Estados Unidos como promotor de la democracia y el derecho internacional.
