- Las críticas provinieron de familiares de jubilados de los padrones difundidos, quienes alertaron sobre riesgos de extorsión o delitos financieros
STAFF / AR
CIUDAD DE MÉXICO.- La publicación de los padrones de jubilados y pensionados de organismos públicos federales detonó un debate entre especialistas, juristas y ex funcionarios en el que se confrontaron dos posturas: quienes defienden que se trata de una obligación de transparencia y quienes advierten que se expusieron datos personales de miles de personas que ni siquiera perciben las llamadas “pensiones doradas”.
La discusión surgió luego de que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) difundiera listados por dependencia con los nombres completos de pensionados y los montos que reciben, como parte de la reforma que busca transparentar percepciones que superen en 50 por ciento el salario de la Presidenta Claudia Sheinbaum, fijado en 70 mil pesos mensuales.
Sin embargo, el análisis de los registros también reveló cientos de casos con montos mínimos, incluso inferiores a los 10 mil pesos, lo que detonó críticas sobre el alcance de la exhibición pública.
En X, la ex comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Julieta del Río Venegas, defendió que la publicación de estos datos no es nueva ni extraordinaria, pues forma parte de obligaciones legales que desde hace años deben cumplir las instituciones públicas.
“El listado de personas jubiladas y pensionadas, así como los montos que reciben, es una obligación de transparencia común: todos los sujetos obligados deben cargar esta información en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)”, escribió.
“Nada nuevo, lo que se busca es que haya piso parejo y que se cumpla de manera uniforme y por igual con la Ley de Transparencia y Acceso Público. No a conveniencia”, añadió.
En contraste, organizaciones y juristas cuestionaron que la difusión se haya realizado con nombres completos y montos individuales, al considerar que podría vulnerar la protección de datos personales.
Desde la cuenta del Foro de Constitucionalistas de México se criticó que la medida expusiera a miles de pensionados sin distinguir entre altos funcionarios y trabajadores con ingresos modestos.
“Exhibir a los pensionados de todo el País, violando sus datos personales. Esto es increíble”, publicó la organización.
Las críticas también provinieron de familiares de jubilados que aparecieron en los padrones difundidos, quienes alertaron sobre riesgos de extorsión o delitos financieros al quedar identificados públicamente.
Armando Luna Franco responsabilizó directamente al Gobierno federal por eventuales consecuencias derivadas de la publicación.
“Culpo directamente a la SABGy a la Presidenta Claudia Sheinbaum de cualquier intento de extorsión o delitos financieros en contra de mi mamá, tras dar a conocer una lista de personas pensionadas de Pemex”, escribió.
“Mi mamá es jubilada de confianza y no ocupó puestos directivos. ¡Miserables!”, agregó.
El debate se intensificó porque, junto con pensiones elevadas que superan ampliamente el salario presidencial, los listados también incluyen registros con percepciones de apenas unos cientos de pesos, e incluso casos con saldo en cero.
En los datos difundidos, el extinto Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural) concentra el mayor número de pensionados con ingresos inferiores a los 10 mil pesos mensuales, con 497 beneficiarios que reciben desde 775 pesos.
Le siguen la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con 269 registros en ese rango, y Nacional Financiera (Nafin), donde se detectaron pagos de apenas 108 pesos.
Petróleos Mexicanos (Pemex) también aparece con 129 casos por debajo de ese umbral, algunos incluso con montos reportados en cero.
La Secretaría Anticorrupción no precisó si esos registros corresponden a inconsistencias administrativas, actualizaciones en los sistemas de pago o ajustes contables.
Mientras tanto, el intercambio en redes sociales evidenció una discusión más amplia sobre los límites entre la transparencia gubernamental y la protección de datos personales, esto en medio del esfuerzo del Gobierno por exhibir las llamadas “pensiones doradas” en el sector público.
