Zósimo Camacho
La madrugada del 18 de marzo quedará marcada como un episodio oscuro en la historia reciente de la lucha obrera en México. Trabajadores de la Compañía Hulera Tornel (desde 2008, JK Tornel), que mantienen un movimiento de huelga legítimo en demanda del cumplimiento de su Contrato Colectivo de Trabajo, fueron atacados a balazos mientras realizaban guardia en el exterior de la planta en Tultitlán.
No portaban armas. No representaban una amenaza para nadie. Sólo portaban la dignidad de exigir lo que por derecho les corresponde: el respeto a ocho cláusulas contractuales violadas por la parte patronal, entre ellas los aumentos salariales del 7 y 5 por ciento correspondientes a 2025 y 2026.
El ataque, realizado aproximadamente a las 4:30 AM de este miércoles, no puede leerse como un hecho aislado ni como un simple incidente delictivo. Cuando hombres armados, vestidos con uniformes de la empresa, irrumpen contra obreros que defienden sus fuentes de trabajo, el mensaje es claro: hay intereses dispuestos a todo con tal de quebrar una lucha sindical.
Tres trabajadores –con edades entre los 40 y 45 años– resultaron heridos de bala. Fueron trasladados a urgencias del Hospital de Traumatología del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), localizado en Lomas Verdes, Naucalpan.
Que los trabajadores hayan logrado retener a dos de los agresores y los hayan puesto a disposición de las autoridades es un acto de valentía, pero también es una denuncia en sí misma. ¿Cómo es posible que, en pleno 2026, los trabajadores tengan que defenderse físicamente de grupos armados mientras luchan, a la par, por sus derechos e intereses de clase?
No puede olvidarse que el primer emplazamiento a huelga fue desechado de manera sospechosa por el juez laboral Arturo Arellano Lastra a unas horas de que estallara el movimiento, el 31 de enero. El Sindicato Nacional de Trabajadores de Tornel, encabezado por Gerardo Meneses, denunció entonces una maniobra para favorecer a la patronal. En un segundo emplazamiento, que sí fue admitido por el tribunal laboral, se estableció como plazo el 23 de febrero a las 15:00 horas. Al no llegar a un acuerdo con la patronal, el sindicato estalló la huelga en los cuatro centros de trabajo: dos en Azcapotzalco, uno en Miguel Hidalgo –ubicados en la Ciudad de México– y uno en Tultitlán, Estado de México. Con el tiempo ganado, la empresa ha podido resistir, mientras los trabajadores mantienen su postura afuera de las fábricas, expuestos al sol, a la lluvia, al frío y ahora a las balas.
Lo que está en juego en Tornel no es menor. Hablamos de mil 51 trabajadores organizados en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Compañía Hulera Tornel y su derecho al aumento de salarios. Hablamos también de un Contrato-Ley que, desde hace 40 años, establece una jornada de 40 horas semanales, pero que la empresa se niega a cumplir, y de un mecanismo de respuesta rápida del T-MEC que en 2025 ya había dado la razón a los trabajadores, pero que la patronal ignoró. Hablamos, en suma, de la violación sistemática de los derechos laborales más elementales.
Las demandas son totalmente legítimas. También, entre ellas, el pago de aguinaldo de 44 días y la prima vacacional de 25 a 32 días de acuerdo con la antigüedad. Se trata de derechos adquiridos y establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo y en el Contrato Ley.
Otras demandas básicas son que el patrón pague su parte al Seguro Social y no los empleados con sus salarios; que se reconozca los domingos como días descanso obligatorio, y el cumplimiento de remuneración del 13 por ciento del fondo de ahorro, porque sólo se les remunera 12.5 por ciento.
Frente a esto, la empresa no es cualquier empresa. JK Tornel, SA de CV, es filial de la transnacional JK Tyre, con sede en la India, un gigante que opera en 105 países. Su presidente, Raghupati Singhania, fue condecorado en 2018 por el entonces presidente Enrique Peña Nieto con la Orden Mexicana del Águila Azteca, la máxima distinción que el país otorga a extranjeros. Nunca quedaron claros los motivos de quien fuera jefe del Estado mexicano para entregar esa medalla.
Hoy, esa misma empresa que fue honrada por el gobierno mexicano, permite que sus fábricas en México regateen derechos a los obreros y los exponga a ser heridos a balazos por defender su salario.
JK Tyre, a su vez, es parte de JK Organisation, un grupo multinacional con sede en la India, perteneciente a la familia Singhania. El Grupo tiene operaciones multiempresariales y multiproducto en todo el planeta. Cuenta con fábricas, además de la India y México, en Indonesia, Rumania, Bélgica, Portugal y Emiratos Árabes Unidos. Factura 6 mil millones de dólares al año. Su presidente es Bharat Hari Singhania.
Cabe destacar el silencio de la empresa ante estos hechos. Hasta el cierre de edición, ni un comunicado de condena o preocupación. Menos aún el anuncio de una investigación sobre el porqué los agresores vestían uniformes de la compañía.
Con la huelga en México, se dejan de producir 20 mil neumáticos al día; no por capricho sindical, sino por la cerrazón de la empresa.
Es urgente que las autoridades laborales federales y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México –donde los obreros presentaron la denuncia– actúen con celeridad. No basta con detener a dos sicarios. Se necesita investigar las líneas de mando, los vínculos y, sobre todo, garantizar la seguridad de los trabajadores que mantienen la huelga. Porque si algo ha quedado claro en este conflicto, es que la violencia debe investigarse como una respuesta patronal.
La lucha de los trabajadores de Tornel es justa. Su exigencia es legal. Su resistencia, ejemplar. El gobierno mexicano está obligado a actuar para protegerlos ante el capital trasnacional.
Que la voz de los trabajadores de Tornel siga retumbando más fuerte que los intereses que intentan acallarla.
