Rodolfo “El Negro” Montes
La realidad siempre termina por reventarle en la cara a quienes creen que el poder político en México es un escudo eterno contra la justicia penal, sobre todo cuando esa justicia viene del otro lado del río Bravo.
El tablero de la llamada “narcopolítica” mexicana ha entrado en una fase de colapso sistemático; estamos presenciando el inicio de un efecto cascada donde los intocables de la llamada Cuarta Transformación han comenzado a tambalearse.
Y todo parece indicar que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum ha comenzado a sacudirse y curarse antes de que el mal la alcance a ella.
Tanto es así que el pasado fin de semana, estando de gira por Yucatán, sentenció que ningún corrupto y deshonesto tiene cabida en “el halo de la Transformación”. Y en su intento por contener los daños y matizar el golpe, confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera ordenó congelar las cuentas bancarias de Rocha Moya y de otros nueve exfuncionarios de su entorno.
Aunque la mandataria se apresuró a matizar que se trata de una medida estrictamente “preventiva” derivada de mecanismos automáticos del sistema financiero por la relación de corresponsalía con bancos estadounidenses, el fondo del asunto es inocultable: a Rocha Moya le están asfixiando el oxígeno financiero.
La narrativa oficial de la “medida preventiva” se desmorona cuando se observa el verdadero pánico que corre por las venas de la estructura morenista en Sinaloa: sus hombres de confianza ya no confían en el sistema mexicano para protegerlos. Y saben que en las prisiones federales de Estados Unidos el primero que habla es el que mejor la pasa.
Por eso el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, y el exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega, ya se entregaron formalmente a la justicia estadounidense.
Díaz Vega, operador financiero y hombre propuesto por el propio Rocha Moya para una diputación, está acusado en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York de conspiración para el tráfico de drogas y de actuar como enlace directo entre los líderes de “Los Chapitos” y el gobernador sinaloense.
Las agencias norteamericanas tienen documentado que, previo a las elecciones de 2021, se entregaron nombres y direcciones de candidatos opositores al cártel para obligarlos a bajarse de la contienda bajo amenaza de muerte.
Pero Sinaloa es apenas la ficha que encabeza la fila.
La insistencia de las autoridades de Estados Unidos en solicitar más órdenes de aprehensión con fines de extradición contra políticos mexicanos evidencia un cambio de estrategia integral en la Casa Blanca.
Ya no persiguen sólo a los capos con chaleco táctico en la sierra; van por los de cuello blanco y traje sastre que operan desde los palacios de gobierno.
La lista de la infamia de gobernadores y exgobernadores bajo la lupa estadounidense sigue creciendo y no distingue colores, aunque hoy la mancha se concentre en el guinda, y a Washington ya no le importan las quejas diplomáticas ni los discursos de barricada; les importan las vidas que el fentanilo cobra en sus calles.
La entrega de los secretarios sinaloenses abre una caja de Pandora de testimonios, grabaciones y registros financieros que apuntan directamente a la cúspide del poder estatal en el noroeste del país.
Cuando el primer bloque de la estructura criminal-política se quiebra, la gravedad hace el resto.
Prepárense, porque en los próximos meses veremos cómo el resto de los supuestos narcopolíticos irán cayendo, inevitablemente, como fichas de dominó.
