- Firman ANAM e IMPI convenio de coordinación que busca fortalecer la protección de la propiedad intelectual en el comercio exterior
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) firmaron un convenio de coordinación que busca fortalecer la protección de la propiedad intelectual en el comercio exterior, con un enfoque centrado en la prevención del uso indebido de marcas, patentes y otros derechos industriales.
El acuerdo establece como eje principal el intercambio de información estratégica entre ambas instituciones, lo que permitirá identificar de manera más eficiente mercancías que vulneren derechos de propiedad intelectual. Este flujo de datos contempla el uso de alertas, registros y análisis compartidos que faciliten la detección oportuna de productos apócrifos en puntos de entrada y salida del país.
Además, el convenio incluye la implementación de acciones conjuntas de verificación y vigilancia, particularmente en aduanas, donde se reforzarán los mecanismos de inspección para detectar mercancías que infrinjan marcas registradas o patentes. Estas acciones buscan cerrar espacios a la piratería y a prácticas ilegales vinculadas con el comercio internacional.
Otro de los compromisos relevantes es la mejora en la coordinación operativa, lo que permitirá agilizar procesos de revisión y respuesta ante posibles irregularidades. Esto implica una mayor integración entre los sistemas y capacidades técnicas de ambas dependencias, así como la homologación de criterios para actuar frente a posibles infracciones.
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Bajo el impulso del titular de la ANAM, Rafael Marín, el acuerdo también contempla el fortalecimiento de los controles en aduanas, con el objetivo de detectar con mayor rapidez productos falsificados o que violen derechos de propiedad industrial. Esta estrategia no solo busca proteger a las empresas titulares de marcas y patentes, sino también evitar riesgos para los consumidores derivados de mercancías ilegales.
Las instituciones señalaron que este esquema de colaboración contribuirá a consolidar un entorno de legalidad, transparencia y certeza jurídica en el comercio exterior, alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030. Asimismo, se enmarca en la política del Gobierno de México para fortalecer las capacidades institucionales en la regulación del comercio internacional.
