Zósimo Camacho
Menos del 4 por ciento de la primera infancia (bebés y niños de cero a 4 años) tiene acceso a educación inicial en México. El dato, revelado en el Programa Sectorial de Educación 2025-2030, es de la propia Secretaría de Educación Pública (SEP). Y más de la mitad de los servicios educativos y de cuidado para este sector de la población está hoy en manos privadas, asistenciales o gremiales.
Partimos con esos datos. Lo más alarmante, sin embargo, es que la SEP de Mario Delgado lo acepte y, lejos de fortalecer la escuela pública, esté orquestando una entrega sistemática de la educación inicial al sector privado. Todo, en pleno “segundo piso” de la “4T”, que ha asumido un discurso reivindicativo de la educación pública y de los derechos de las infancias.
El 9 de diciembre de 2025, en la llamada Reunión Nacional para la Primera Infancia, el secretario de Educación presentó el programa de trabajo construido entre la SEP, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por su sigla en inglés) y una organización llamada Pacto por la Primera Infancia.
El detalle está en quiénes integran ese Pacto y el protagonismo que adquieren para alcanzar los objetivos establecidos en el documento. Mencionamos sólo algunos, los preponderantes: Mexicanos Primero, de Claudio X González, Televisa y Cinépolis; la Fundación FEMSA –es decir, Coca-Cola y Oxxo–, la Fundación Compartamos de los Legionarios de Cristo, y el Consejo Coordinador Empresarial.
Se trata de las mismas corporaciones que históricamente han impulsado la mercantilización educativa, que han criminalizado la lucha de los maestros y que promovieron las reformas del pripanismo para desmantelar la educación pública. Ahora se sientan con la “4T” a diseñar la política para los más pequeños del país.
En el caso de Mexicanos Primero, por ejemplo, participa supuestamente en las metas: contra la pobreza infantil; promoción de la educación preescolar para niños con discapacidad; evaluación del desarrollo infantil temprano; desarrollo infantil adecuado; desarrollo del lenguaje; educación inicial; educación preescolar de calidad; programas de habilidades parentales y prácticas de crianza; participación de madres y padres en actividades de juego; y disponibilidad, acceso y calidad de espacios públicos para el juego.
El argumento oficial es que el nuevo modelo se basa en el “apoyo a la crianza familiar”. Bajo esa premisa, el foco no es únicamente el infante sino las familias. Entonces el Estado, en lugar de construir más escuelas públicas, “optimiza” recursos. No habrá aumento presupuestal para la educación inicial pública.
Mario Delgado fue contundente: el 5 por ciento de incremento en la atención infantil no se hará a través de la escuela pública. Entonces, ¿en dónde? En Centros de Educación y Cuidado Infantil (Ceci), un modelo que se expandirá con mil centros adicionales durante el sexenio.
En efecto, reconocemos que estos centros tienen la virtud de frenar la subrogación operativa de las “guarderías” de los organismos de seguridad social, que el neoliberalismo había entregado como negocios a familias de funcionarios. El caso más trágico, lamentable y grotesco fue el de la Guardería ABC, hasta hoy impune. El incendio cobró la vida de 49 bebés y niños y dejó con heridas permanentes a otros 109. Como se recordará, estos hechos ocurrieron el 5 de junio de 2009, en pleno sexenio de Felipe Calderón.
Lo lamentable es que la actual política se quede ahí, cuando podría lanzarse una recuperación real de este sector. Hoy el ámbito público opera sólo 74 Centros de Atención Integral (CAI) federales de la SEP, mil 603 centros del sistema Desarrollo Integral de la Familia (DIF), mil 282 Ceci del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 113 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Es decir, al final del sexenio el país contará con poco más de 4 mil centros para atender la primera infancia… que se integra por alrededor de 10 millones y medio de infantes, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Si en verdad se buscara integrar este nivel de atención como un derecho para toda la población –como ya lo establece la ley–, cada unidad tendría que atender 2 mil 500 bebés y niños en promedio. Ni de lejos, se ha proyectado un centro con esa capacidad.
En contraste, el sector privado –con todas las desigualdades que eso implica en términos de acceso, calidad y lucro– sigue creciendo con el visto bueno gubernamental. Los CAI de la SEP no pueden competir contra el sector privado porque históricamente fueron abandonados a propósito.
Lo anterior resulta desesperante cuando 15 universidades públicas del país forman docentes y pedagogos especialistas en educación inicial. Pero no hay plazas para ellos en el sistema público: la carrera magisterial ni siquiera los contempla. ¿Para qué los formamos entonces? Están destinados a engrosar la plantilla del sector privado. Así, el Estado mexicano invierte recursos públicos en formar profesionales que sólo podrán ser aprovechados por guarderías y escuelas particulares.
Si seguimos por este camino, dentro de unos años la educación de bebés y niños pequeños dependerá de la capacidad de pago de las familias o de la buena voluntad de las empresas patrocinadoras. ¿Ese es el país que propone la SEP de Mario Delgado y el “segundo piso” de la “4T”?
La recuperación de los Ceci es necesaria pero insuficiente. La primera infancia debería garantizarse con inversión pública, escuelas dignas, docentes contratados y con un Estado que asuma su rectoría educativa. Todo lo demás es mercantilización del derecho a la educación.
