- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue acusado en una Corte de Nueva York por presuntamente tener vínculos con los ‘Chapitos’.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de Estados Unidos solicitó la detención con fines de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de su gobierno que son requeridos por una Corte de Nueva York, acusados de dar protección al Cártel de Sinaloa.
La Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que, como ocurre en este tipo de trámites, turnó la solicitud a la Fiscalía General de la República (FGR), que determinará si existen elementos suficientes para proceder a la entrega de los solicitados.
“Como debe procederse en estos casos, será la Fiscalía General de la República quien determine si existen elementos probatorios de acuerdo con el sistema jurídico mexicano y la viabilidad de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición”, señaló la dependencia mexicana.
La Cancillería señaló que la solicitud se realizó el martes a las 18:00 horas (tiempo del centro de la República) y se le dio el trámite establecido conforme al marco normativo vigente bajo la Ley de Extradición Internacional.
Relaciones Exteriores sostuvo que en los tratados vigentes hay provisiones específicas que establecen la confidencialidad de la información; por esta razón, se enviará un extrañamiento a la Embajada de los Estados Unidos por la forma en que se dio a conocer.
La Fiscalía de Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios ─en activo y retirados─ por presuntamente conspirar con el Cártel de Sinaloa para traficar drogas hacia territorio estadounidense a cambio de sobornos y apoyo político.
De acuerdo con la acusación dada a conocer ayer, los acusados incluyen también al senador Enrique Inzunza Cázarez, quien fue secretario general de Sinaloa; y el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil
Asimismo, Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del estado; Dámaso Castro Zaavedra, fiscal general adjunto; Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE); Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, exjefe de la Policía de Investigación de la FGE.
Además, Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa; José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exsubdirector de la Policía estatal; y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán;
El fiscal federal, Jay Clayton, y el administrador de la DEA, Terrance Cole, señalaron que los implicados habrían utilizado sus cargos para facilitar el trasiego de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia Estados Unidos, además de proteger operaciones del cártel. El caso fue asignado a la jueza Katherine Polk Failla.
De acuerdo con la acusación, a los implicados “se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos”.
A cambio de estas acciones, los acusados habrían recibido colectivamente millones de dólares en sobornos.
“Como lo revela la acusación, el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo”, señaló Clayton.
La acusación destaca una relación directa entre el gobernador Rocha Moya y los hijos de Joaquín “Chapo” Guzmán.
Se alega que “Los Chapitos” ayudaron a Rocha Moya a ganar la gubernatura en 2021 mediante el secuestro e intimidación de sus rivales políticos.
A cambio del apoyo electoral, Rocha Moya presuntamente asistió a reuniones con los líderes de la facción, tanto antes como después de asumir el cargo el 1 de noviembre de 2021, donde se comprometió a brindarles protección para sus actividades ilícitas.
Las autoridades estadounidenses afirman que, bajo su mandato, el gobernador ha permitido que el grupo opere con total impunidad en Sinaloa.
*Con información de Agencia Reforma
