- Existen crecientes presiones sobre la propiedad social que se agravan por el déficit de certeza jurídica, conflictos agrarios y rezago institucional, advierte el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (Pnotdu) 2026-2030.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Existen crecientes presiones sobre la propiedad social que se agravan por el déficit de certeza jurídica, conflictos agrarios y rezago institucional, advierte el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (Pnotdu) 2026-2030.
La propiedad social, indica, representa 50.8 por ciento del territorio nacional, con más de 105 millones de hectáreas, con 29 mil 827 ejidos y dos mil 424 comunidades agrarias, donde viven cerca de 5.4 millones de personas.
Hasta junio de 2024, señala, mil 741 núcleos carecían de certificación de derechos y cerca del cuatro por ciento enfrentaba conflictos por tenencia, sucesión o delimitación.
En tanto, 43.2 por ciento no contaba con órganos de representación vigentes, lo que limita la toma de decisiones y el acceso a programas públicos.
El Programa de Atención de Conflictos Agrarios, apunta, tiene un universo de 198 casos activos, los cuales en su gran mayoría involucran a ejidos, comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos.
Un factor que añade complejidad a la problemática, alerta, es el envejecimiento agrario: 33 por ciento de los sujetos tiene más de 65 años y 40 por ciento de los representantes ejidales supera los 70 años.
“El régimen agrario enfrenta presión por proyectos de turismo, infraestructura y otras causas de utilidad pública, como la regularización de asentamientos”, apunta.
De 1998 a 2020, detalla, se emitieron mil 711 decretos de expropiación que afectaron 336 mil 605 hectáreas, con indemnizaciones por más de nueve mil 217 millones de pesos.
Además, 30 por ciento fueron promovidos por el Instituto Nacional de Suelo Sustentable (Insus) para regularizar asentamientos.
En tanto, entre 2018 y 2024 se emitieron más de 130 mil documentos agrarios que certificaron la tenencia de 9.6 millones de hectáreas, priorizando núcleos con alta marginación y población indígena.
Se celebraron mil 427 asambleas ejidales para validar procesos de regularización con acompañamiento.
El suelo comunal en México, indica el Pnodtu representa más de 66 por ciento de la superficie de propiedad social, y mantiene un alto potencial productivo, ambiental, cultural y de conservación.
“No obstante, más de 60 por ciento permanece subutilizado o muestra algún grado de degradación, lo que restringe su contribución efectiva al desarrollo rural, la soberanía alimentaria y la sostenibilidad territorial”, advierte.
“De las 88.4 millones de hectáreas con vocación agropecuaria, sólo 32.1 millones se encuentran en uso activo, mientras que 63 por ciento del territorio presenta erosión, compactación o pérdida de fertilidad”.
En tanto, señala, 56 por ciento de los productores cuenta con menos de dos hectáreas y solo 34 por ciento de los núcleos accedió a programas federales.
El Programa plantea impulsar reformas a normatividad vinculada con la propiedad social para fortalecer la planeación territorial, la protección del suelo, y la seguridad jurídica en zonas agrarias, mediante mesas técnicas con participación de mujeres, comunidades indígenas y afromexicanas.
